La mayoría de los jueces defiende la libertad de expresión del fiscal catalán

La mayoría de las asociaciones de jueces y magistrados ha defendido hoy la libertad de expresión del fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, en la polémica por el expediente de destitución que le ha abierto el fiscal general del Estado tras opinar sobre el debate secesionista catalán.

Además, Jueces para la Democracia ha calificado de “desproporcionada” la decisión y ve en ella un “sesgo autoritario”; el Foro Judicial Independiente cree que las declaraciones hechas por el fiscal no revisten “gravedad” y la Asociación Profesional de la Magistratura respeta tanto la apertura del expediente como el derecho a opinar del expedientado.

La única asociación que ha apoyado sin matices la iniciativa del fiscal general Eduardo Torres-Dulce ha sido la asociación Francisco de Vitoria, que ve correcta la apertura del expediente y considera “inadecuadas” las opiniones de Rodríguez-Sol.

“De partida, es una decisión desproporcionada”, ha dicho a Efe sobre el expediente el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, para quien las manifestaciones del fiscal jefe de Cataluña “se enmarcan en el ámbito de la libertad de expresión y no pueden suponer ningún menoscabo de las funciones que realiza ni afecta al alcance de sus atribuciones”.

“Este tipo de manifestaciones forman parte de un debate que está en la sociedad y en todo caso el fiscal general, u otras instituciones, pueden realizar las aportaciones que consideren oportunas”, ha añadido.

Pero “pretender silenciar este tipo de opiniones no resulta aceptable”, según Bosch, y “representa un sesgo autoritario en el ámbito de lo que debe ser un debate público”.

Jueces para la Democracia ha considerado que los expedientes para la remoción de un fiscal superior de una comunidad autónoma “deben acordarse por cuestiones de cierta gravedad y relevancia en el ejercicio de sus funciones respecto a procedimientos o resoluciones, pero no a meras resoluciones que forman parte de un debate más general”.

Para Ángel Dolado, portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), las declaraciones del fiscal de Cataluña “entran dentro de lo que es la libertad de expresión y tampoco revisten tanta gravedad”.

“Ahora bien, como fiscal en estos momentos si tiene que hacer algún tipo de informe a lo mejor no debería hacer ningún tipo de declaración sobre estos temas conflictivos”, ha añadido.

En principio, según el FJI, “el problema no es tan grave y entra dentro del principio de la libertad de expresión”.

En este sentido, esta asociación ha considerado “importantísimo” que al mismo tiempo que se exige una independencia absoluta del Poder Judicial “también tiene que haber una independencia absoluta y de imparcialidad por la Fiscalía General del Estado sin depender tampoco de órdenes ni directas ni indirectas del Gobierno”.

No obstante, Dolado ha considerado “normal” la apertura del expediente de remoción. “Este mismo ejercicio de la libertad de expresión, si no hubiera sido jefe, sino un fiscal de calle, sería más normal. El expediente, dentro de lo que procede, es lo más normal”.

Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio Piña ha dicho a Efe que respeta la decisión que ha adoptado la Fiscalía, “entendiendo que hay que conjugar un poco los diferentes aspectos que hay en este asunto”, y sin meterse en lo que son “las decisiones propias de la Fiscalía”.

“De todas formas, hay que respetar el derecho de cada uno a poder expresar sus opiniones y conjugarlo con el propio hecho del cargo que cada uno ostente y la representación que puedan tener las manifestaciones que se hacen”, ha añadido.

La APM espera a conocer todos los detalles del expediente de remoción para dar “una opinión más formada”.

El magistrado José Luis González Armengol, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, ha calificado de “correcta” la decisión del fiscal general del Estado “a la vista de unas declaraciones claramente inoportunas y que van en contra de los mandatos constitucionales establecidos”.

“En tanto en cuanto no haya unas modificaciones constitucionales, las propuestas soberanistas establecidas por el Parlamento catalán atentan lógicamente contra los principios constitucionales”, ha dicho.

Para Armengol, teniendo en cuenta que el fiscal jefe de Cataluña es un servidor público que está adscrito a la Fiscalía General del Estado y depende directamente del Estado, “son inadecuadas las manifestaciones vertidas”.

“No podemos seguir navegando en terrenos intermedios: se está o no se está con la Constitución”, ha concluido.