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La Mesa del Congreso tumba el segundo intento de IU para debatir una comisión de investigación sobre Juan Carlos I
En aquella conversación grabada por Villarejo, actualmente en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, la amiga del exjefe del Estado insinuaba que el Rey emérito tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.
El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, lanzó la idea de esta investigación parlamentaria el pasado mes de julio y después fueron el diputado de Podemos Rafael Mayoral y el de En Comú Joan Mena los que invitaron al resto de grupos a sumarse a la iniciativa para que naciera con el mayor respaldo posible.
Las comisiones de investigación las pueden solicitar dos grupos parlamentarios o 70 diputados, una cifra que Unidos Podemos no alcanza en solitario porque tiene 67 escaños. Pero en seguida adelantaron su disposición a firmar la petición los ocho diputados del PDeCAT, los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu que, con Unidos Podemos, suman 81 parlamentarios. Días después se sumó ERC, con lo que la primera iniciativa se registró con el respaldo de 90 diputados.
Aquella iniciativa no fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, alegando que carece de encaje constitucional, conforme al criterio reiteradamente expresado por los servicios jurídicos de que el Legislativo controla al Ejecutivo, pero no a la Jefatura del Estado, sobre la que no tiene competencias.
NI SIQUIERA DESDE LA ABDICACIÓN
Aunque ese inadmisión fue recurrida, Izquierda Unida volvió a la carga y, a través de su diputada Eva García Sempere, promovió una segunda petición, firmada esta vez por Unidos Podemos y Esquerra Republicana, que enfoca la investigación parlamentaria a las actividades de Juan Carlos I desde su abdicación, cuando perdió la inviolabilidad y, al dejar de ser Jefe de Estado, pasó a ser un aforado.
Pero, en la reunión de la Mesa del Congreso de este martes, de nuevo PP, PSOE y Ciudadanos han negado su visto bueno reiterando que la Corona goza de protección en la Constitución y que no es una institución sometida al control parlamentario.
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