La primera ministra polaca rechaza el ultimátum de Bruselas ante la crisis en Constitucional

La primera ministra polaca, Beata Szydlo, aseguró hoy en el Parlamento que no se someterán a ningún ultimátum, después de que la Comisión Europea (CE) amenazase con adoptar una resolución contra Polonia si no resuelve los problemas del Tribunal Constitucional (TC) antes de este lunes.

“El Gobierno polaco no aceptará ningún ultimátum, nunca se permitirá que la voluntad de alguien se imponga sobre la de los ciudadanos polacos. Nuestro Gobierno sólo se someterá a la voluntad de los polacos”, dijo Szydlo, quien insistió en que “sobre Polonia sólo deciden los polacos con total soberanía”.

La primera ministra afirmó que los polacos son y quieren ser europeos, pero ante todo, son polacos.

Szydlo apeló al presidente del Parlamento y a todos los grupos políticos para que se unan al Ejecutivo y expresen su solidaridad ante el ataque que en estos momentos sufre Polonia, a la vez que pidió a la UE que respete “nuestra soberanía, nuestras decisiones y nuestra tradición”.

También subrayó su disposición a resolver la situación que vive el Tribunal Constitucional, paralizado después de las reformas emprendidas por el partido gubernamental Ley y Justicia, aunque denunció “la escandalosa actuación” de la oposición y los juegos políticos que, a su juicio, impiden superar la crisis que vive la institución.

La CE anunció hace dos días que el próximo lunes adoptará una opinión contra Polonia a menos que el país centroeuropeo logre un “progreso significativo” para resolver los problemas que plantea la reforma del Tribunal Constitucional con relación al estado de derecho.

Este anuncio supone un paso más en el proceso iniciado contra Polonia el pasado 13 de enero para evaluar si respeta las normas del Estado de derecho.

La CE comunicó a Varsovia su preocupación con relación a tres cuestiones: el nombramiento de jueces del TC, la ley adoptada el 22 de diciembre de 2015 -que modifica el funcionamiento de esta corte y afecta a la independencia de sus jueces- y la efectividad de la supervisión del tribunal sobre las leyes adoptadas en 2016, incluida la nueva ley de medios.

Todos estos cambios se produjeron tras la llegada al poder del partido conservador y nacionalista Ley y Justicia en noviembre.

El 23 de diciembre de 2015 el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, escribió por primera vez a Polonia para pedirle información sobre estas modificaciones y recomendar al país que se pusiera en contacto con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

El Gobierno accedió a consultar a la Comisión de Venecia, pero en paralelo la polémica ley sobre el Tribunal Constitucional fue adoptada el 28 de diciembre.

El 13 de enero la CE decidió iniciar el mecanismo comunitario para velar por el respeto del Estado de derecho en los Estados miembros, que nunca se había llegado a usar hasta ese momento.

Después de varios meses de consultas, Bruselas confirmó que “todavía no ha sido posible encontrar una solución a los problemas identificados por la Comisión”, por lo que se decidió seguir avanzando en el proceso.

Si el próximo lunes la CE adopta la opinión contra Polonia, el país dispondrá de dos semanas para enviar sus observaciones, pero si en un plazo razonable de contactos entre ambas partes sigue sin haber una solución satisfactoria, Bruselas podrá emitir una recomendación.

En una última etapa del proceso, si Polonia tampoco cumple con esa recomendación, podría llegar a activarse el artículo 7 del procedimiento que incluye la suspensión del voto de Polonia en el Consejo de la UE.