Los ministros de la UE constatan el consenso para cooperar más en Justicia electrónica

Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) dieron hoy un primer respaldo a la propuesta de la Comisión para acelerar la cooperación entre Estados miembros en la Justicia electrónica, que permitiría reducir plazos para solicitar pruebas electrónicas a otro país en una investigación.

“Estoy contenta de ver un fuerte respaldo entre los ministros sobre esta propuesta y espero que podamos cerrar las diferencias pendientes muy rápido”, dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, tras participar en un Consejo informal de Justicia en Innsbruck (Austria).

En la propuesta de la Comisión, publicada en abril, figura la creación de una orden europea de entrega que permitiría a la autoridad judicial de un país solicitar directamente a un proveedor de servicios digitales pruebas como correos electrónicos, mensajes de texto, datos que identifiquen a un usuario en línea o una dirección IP.

Hasta ahora, los proveedores deben hacer entrega de esa información en un plazo de 120 días, pero bajo las nuevas normas se reduciría a diez días y en caso de emergencia a tan solo seis horas.

Según datos de la Comisión, en torno al 85 % de las investigaciones que se cursan en la actualidad requieren pruebas electrónicas, y dos tercios de las mismas están en una jurisdicción diferente.

“Esto tiene que ser rápido, porque igual que los criminales usan métodos del siglo XXI necesitamos equipar a nuestras autoridades con métodos del siglo XXI”, afirmó la comisaria checa, que agregó que bajo la presidencia austríaca del Consejo espera dar un impulso a muchas de las propuestas presentadas desde Bruselas en materia judicial en los últimos meses.

El secretario de Estado de Justicia español, Manuel Dolz, explicó a Efe que esta legislación debe garantizar que en las pruebas electrónicas se respetan los derechos fundamentales en todas las fases del proceso de cooperación entre países.

“La prueba electrónica es el futuro, si no ya el presente en muchos procesos, y tiene que garantizarse la eficacia en la obtención de las pruebas, los medios tecnológicos a través de los que se obtiene y el respeto de los derechos fundamentales de las partes implicadas en el proceso”, subrayó.

La sesión de la tarde se centró en la discusión sobre el objetivo de un área común de libertad, seguridad y justicia en Europa, para lo que es necesario, explicó la comisaria, “un respeto absoluto del principio legal de reconocimiento mutuo para la justicia criminal y civil”.

Jourová destacó el “muy buen progreso”, con sistemas como el de la orden de detención europea (euroorden), gracias al que se han emitido hasta 130.000 órdenes de arresto en los últimos 10 años entre diferentes Estados miembros.

“No obstante, este alto nivel de confianza mutua en los sistemas de justicia criminal entre los Estados miembros existe solo si se respetan los derechos fundamentales en toda la UE. Desafortunadamente, algunos de estos derechos han sido recientemente cuestionados”, advirtió Jourová.

Aunque la comisaria no se refirió a ningún socio europeo en concreto, Bruselas mantiene abierto un proceso legal contra Polonia desde diciembre de 2017 por considerar que su reforma judicial supone un riesgo para los valores europeos y del Estado de Derecho.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) votará en septiembre si activa este mismo proceso para Hungría, por recientes leyes que obligan a las ONG a registrarse como “organización financiada desde el extranjero” si reciben al año más de 23.000 euros de fuera del país.

El ministro de Justicia austríaco, Josef Moser, cuyo país ostenta este semestre la presidencia del Consejo, subrayó la necesidad de recuperar la confianza en la UE, “socavada en los últimos años” y en la que la confianza mutua es un “pilar fundamental”.

Para ello, la presidencia austríaca organizará junto a la Comisión una conferencia sobre el Estado de Derecho en octubre y aspira a que para el final de su mandato, en diciembre de este año, los Estados miembros puedan adoptar unas conclusiones sobre este asunto.

Moser subrayó cuatro prioridades de la presidencia semestral europea de Austria: reforzar Europa, llevarla más cerca de sus ciudadanos, hacerla más competitiva y darle más seguridad.

“Los austríacos somos constructores de puentes, queremos ofrecer soluciones factibles a todo el mundo y reforzar la cohesión europea”, afirmó el ministro austríaco, que aseguró que “hay mucho planeado y ya en camino” en este sentido.