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Las mismas lágrimas para muchos más pañuelos

La asociación de víctimas del accidente de metro de Valencia conmemora el séptimo aniversario en medio del resurgir del interés mediático y social por el caso

Miles de personas han acudido a la concentración para pedir una investigación, después de años en los que las víctimas han protestado con la única compañía de un centenar de manifestantes

La Fiscalía estudia si los nuevos indicios son suficientes para reabrir el caso e investiga si los comparecientes en la comisión parlamentaria mintieron para evitar responsabilidades políticas

Las víctimas de Metrovalencia exigen la verdad para superar 7 años de dolor

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"No es posible seguir a Jesús sin colaborar con una sociedad menos corrupta, sin miedo a la verdad, más responsable y menos frívola". La voz del sacerdote encargado de oficiar la misa por el séptimo aniversario del accidente de metro de Valencia se elevó al llegar a estas palabras, que parecían dedicadas al PP valenciano. De haberlo escuchado, el reproche hubiera dolido especialmente a dos políticos de ferviente y declarada religiosidad. En primer lugar, a Francisco Camps, presidente de la Generalitat en el momento del siniestro, que resolvió el caso con una investigación somera y sin una sola dimisión en su Ejecutivo. También a Juan Cotino, entonces conseller de Medio Ambiente, que intentó, según el relato de varias víctimas, comprar su silencio a cambio de puestos de trabajo. Ninguno de los dos, dicho sea de paso, atendió tampoco la exigencia de evitar la corrupción, a juzgar por la montaña de presuntos casos de irregularidades que atenazan al partido en Valencia.

El oficio religioso fue uno más de los actos programados para celebrar el aniversario del accidente, que causó 43 muertos y 47 heridos el 3 de julio de 2006. Desde entonces, la asociación de familiares de las víctimas celebra cada día 3 una concentración para exigir que se indague en los fallos de seguridad que rodearon el siniestro, y que se depuren responsabilidades políticas. Nunca han conseguido que el PP atienda esta petición. Los gobernantes valencianos se remiten a las dos investigaciones que hubo ese mismo año –una parlamentaria y otra judicial– que concluyeron que había sido un accidente inevitable, y que la única responsabilidad fue del maquinista, que circulaba a más velocidad de la debida. El actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, mantiene la tesis de su antecesor acerca de lo inevitable del accidente y se niega a reabrir la investigación.

Lágrimas y votos

El interés por la causa había languidecido en los últimos años, y solo un centenar de personas acompañaba cada mes a los familiares en su cita reivindicativa. La situación cambió hace dos meses, cuando el programa Salvados dedicó un especial al asunto. A partir de entonces, todas las convocatorias de la asociación han tenido el apoyo de miles de personas. También la concentración de este miércoles, con la que ha culminado el programa del séptimo aniversario, que llenó la plaza de la Virgen de Valencia y las calles adyacentes de personas que apoyaban la causa. "Si hemos podido parar desahucios, ¡también podremos hacer que los políticos respondan por esto!", resumió Puri Collado, una "iaioflauta" que acudió con otras mujeres de su colectivo.

Durante el acto hubo mucha emoción. Por el recuerdo de las víctimas, pero también por el fin de la soledad en la que los familiares han luchado estos años. "No os podéis imaginar lo que supone para nosotros ver la plaza tan llena", afirmó desde el escenario uno de los miembros del colectivo, Rosa Garrote, sin poder contener las lágrimas. "No vamos a consentir que sigan diciendo que el accidente era inevitable. ¡Bastaba con programar una baliza", añadió. La multitud contestaba a la intervenciones de las víctimas y de los artistas e intelectuales que las arropaban con una continua petición de responsabilidades, como el grito de "Cotino, dimisión". Hubo también una petición directa del voto para los partidos de izquierda, en boca del escritor Alfons Cervera, que leyó un manifiesto en el que pidió a la oposición que abra una investigación sobre el accidente si llega al poder.

El accidente evitable

La falta de programación de la baliza provocó, según los familiares, que el tren no encontrara ningún obstáculo que frenara su exceso de velocidad. Es una de las deficiencias de seguridad que denuncian las víctimas, después de entrevistar durante estos años a empleados del metro y bucear en informes. Señalan, además, el posible sellado defectuoso de las ventanas, que provocó que los cuerpos salieran disparados fuera del vagón. También la existencia de un bache en el firme y el mal estado del tren. Sobre todo, destacan que el libro de averías del convoy, que podría haber proporcionado algunas claves de las razones últimas del accidente, nunca apareció.

Por todo ello, el colectivo reclama una investigación de las verdaderas causas del accidente. Denuncian que las indagaciones que se llevaron a cabo en los meses siguientes al suceso fueron insuficientes y estuvieron manipuladas. Hubo una comisión de investigación en Les Corts Valencianes, días después del siniestro, pero fue extremadamente corta –en cuatro días declararon 32 personas–, incompleta –el PP vetó la comparecencia de expertos de otros suburbanos, entre otras propuestas de partidos de la oposición–, y también manipulada –FGV contrató a una consultora que aleccionó a los directivos de la empresa para que mintieran sin contradecirse entre sí–.

La maniobra tuvo éxito, ya que la conclusión de la comisión fue que había sido un accidente debido al exceso de velocidad del maquinista, que también murió, y que no se le podía exigir responsabilidad política alguna al Gobierno de la Generalitat.

El caso, otra vez en los tribunales

Hubo también un proceso judicial, pero no llegó a haber juicio, porque la jueza concluyó que no cabía exigir responsabilidades judiciales a nadie. Las familias reprochan a la instructora que solo tuvo en cuenta la información que le proporcionó FGV, y afirman que su obligación hubiera sido la de indagar más allá de esos datos. La jueza, por su parte, afirmó en 2011 que todos los aspectos de fondo de la cuestión habían sido investigados convenientemente.

El resurgir de la atención por el caso llevó al PSOE y a la asociación Cirrcle Obert, entre otros, a presentar denuncias ante la Fiscalía Provincial de Valencia. En estos momentos, hay en marcha dos diligencias. La primera investiga si los comparecientes de la comisión parlamentaria mintieron. De haberlo hecho, habrían cometido un delito de desobediencia, penado con entre seis meses y un año de prisión, y entre seis meses y dos años de inhabilitación para cargo público. La segunda diligencia trata de dilucidar si los nuevos datos que se han descubierto en los últimos años son suficientes para reabrir la investigación judicial.

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