Los cinco motivos que mantienen a Ignacio González en prisión incondicional
Ignacio González ha fracasado en su intento de que el nuevo juez del caso Lezo le deje en libertad. Pidió declarar voluntariamente ante Manuel García Castellón tras llevar en prisión desde el pasado abril, y unos días después su defensa presentó un escrito para que, al menos, el juez le impusiese una fianza que pagar para abandonar Soto del Real. Pero el magistrado cree que los indicios contra el expresidente madrileño, refrendados durante la investigación, obligan a mantenerle recluido.
Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en un auto el nuevo instructor del caso Lezo, que sustituyó a Eloy Velasco tras el ascenso de este a la Sala de Apelaciones. El cambio motivó varias peticiones para declarar voluntariamente por parte de algunos investigados, con el objetivo de conseguir la rebaja de las medidas cautelares que les había impuesto Velasco.
La ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, lo consiguió. Pablo González, hermano de Ignacio, también ha logrado que el nuevo juez de Lezo le impusiese una fianza que le ha permitido salir de prisión. Pero García Castellón no ha accedido a los deseos del expresidente madrileño, al que ha contestado con un auto en el que reúne las razones por las que considera que debe seguir encerrado.
1. Un papel “decisivo y necesario”
El juez considera que el caso Lezo tiene un cabecilla y ese es Ignacio González. El juez le vincula con las diferentes ramas de la causa y las investigaciones han ido confirmando ese papel. Durante estos meses se ha producido “una cristalización progresiva de los indicios de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando”.
Sirve como ejemplo el documento elaborado por el Canal de Isabel II tras la investigación interna que realizaron a raíz del estallido del caso. El informe resultante situaba a González tras el pelotazo de esa empresa pública en Brasil: estaba informado de cada paso a través de su testaferro, Edmundo Rodríguez, y de otro hombre de confianza al que colocó en la operación sin justificación alguna.
El sumario del caso también apunta a su papel central en el presunto amaño del Campo de Golf de Chamberí, edificado en los terrenos del Canal gracias a una modificación del contrato inicial. González propuso esa modificación como presidente del Canal y la aprobó como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil cree que buscaba beneficiar a ACS, que luego firmó contratos millonarios con la empresa vinculada a su hermano y su cuñado.
2. Sus deseos de abandonar España
Para convencer a un juez de que te deje en libertad hay que argumentar que no existe riesgo de fuga. La defensa del expresidente madrileño aseguró en la petición de libertad que González tiene arraigo familiar y sus padres, a los que tiene “mucho apego”, son ancianos. Sin entrar a valorar esas razones, el juez echa mano de las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil para contestar a esos argumentos.
El auto hace constar que la “trama criminal” que se investiga “ha operado en diferentes países”, como es el caso de Colombia, donde el testaferro de González residía habitualmente. Pero el juez destaca que la razón fundamental que sostiene el riesgo de fuga es que él mismo manifiesta en una conversación su intención de abandonar España.
En una conversación telefónica con Salvador Victoria, le confiesa que ha estado preguntando a sus contactos “si hay algo por ahí fuera de interés”. “Hay que montarse algo fuera”, le dice a un antiguo colaborador suyo. En las conversaciones menciona sobre todo Colombia, pero no descarta países como Panamá o México, donde dice tener contactos.
3. Su patrimonio oculto
Buena parte de la investigación del caso Lezo se centra en localizar el dinero negro que posee el clan González. Varias intervenciones telefónicas apuntaban a su disponibilidad de dinero en B del que el expresidente madrileño podía disponer gracias a las operativas de blanqueo en las que colaboraba su hermano.
“Otra hostia que me han metido del honorario de los abogados de los cojones estos”, comenta González en una de esas grabaciones, para justificar que vuelvan a hacer “otra operación como la de la otra vez”. “¿Qué era? Un préstamo de papá, ¿no?”, pregunta su hermano Pablo, a lo que contesta Ignacio afirmativamente. “¿Dinero B entonces?”, inquiere Pablo. “Sí, dinero B”, responde su hermano.
Esa “disponibilidad de dinero ilícito”, como apunta el juez en su auto, se reveló también en sus movimientos para montar estructuras para aflorarlo y en los detalles que han ido llamando la atención a los agentes de la Guardia Civil durante su investigación. Por ejemplo, el gusto de González por los relojes caros, su rapidez en cerrar la caja fuerte del banco cuando sospechó que le investigaban o la donación de 144.568 euros a sus hijas.
Su defensa alegó que su patrimonio está embargado, pero el juez cree que González podría apoyarse en su dinero negro para huir del país.
4. Las declaraciones confirman los indicios
En este punto del auto el juez señala que ha obtenido una confirmación de la existencia de ese dinero negro durante algunas declaraciones de investigados. No aclara quién habría confirmado este punto y se limita a escribir que la disponibilidad de dinero ilícito “ha sido reconocida en las diferentes declaraciones”.
Unos párrafos más tarde regresa sobre ello. García Castellón asegura que los indicios documentales gozan “de la ratificación obtenida en las declaraciones”. Es decir, que algunos de los que han desfilado ante los jueces del caso han confirmado las sospechas delictivas contra el expresidente madrileño.
Varios implicados podrían haberlo hecho, dado su grado de conocimiento de las actividades de González. Más allá de sus familiares, conocedores y partícipes de sus operativas de blanqueo, Edmundo Rodríguez, su hombre en en Canal, y Richmond, la directora financiara, trataron en más de una ocasión la disponibilidad de “dinerillo B” de González.
5. Su capacidad de coaccionar a terceros
El juez señala en una parte de su auto que las declaraciones y el examen de documentación “motivan a su vez nuevas declaraciones y la petición de más documentación”, así que la permanencia de González en prisión permite “evitar precisamente coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba”.
“La puesta en libertad del investigado es un factor que podría afectar directamente a dichas fuentes de prueba”, añade el magistrado. El expresidente madrileño ha demostrado a lo largo de la investigación que está dispuesto a hacer todo lo posible por frenar las investigaciones en su contra.
En un informe, la Guardia Civil afirmó que González había actuado de manera similar al crimen organizado cuando trató de influir en la Justicia. Contactó con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, e intentó influir en la investigación del caso Ático y se movió para que nombraran a Manuel Moix como nuevo jefe de Anticorrupción.
