La ONU y el Gobierno colombiano se enzarzan por las protestas en el Catatumbo

La ONU y el Gobierno colombiano han vuelto hoy a intercambiar críticas con respecto a las protestas campesinas en la región del Catatumbo (noreste) después de que el Ejecutivo considerara “irresponsables” las denuncias de la organización sobre uso excesivo de la fuerza.

El cruce de declaraciones continuó entre representantes de las Naciones Unidas y miembros del Gobierno, justo en vísperas de la visita a Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, la próxima semana.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió el miércoles un comunicado en el que denunció que durante las manifestaciones de campesinos en el Catatumbo hubo un “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad.

“La Oficina (de la ONU) pudo constatar: Por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”, decía la nota.

La ONU daba así respuesta a la muerte por disparos de cuatro campesinos durante las protestas que, desde hace un mes y un día, tienen bloqueada parcialmente la región.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tildó de “irresponsable y temerario” hacer cualquier afirmación sobre la muerte de los cuatro campesinos hasta que la Fiscalía haya determinado las circunstancias en que perdieron la vida.

El director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, defendió hoy ante periodistas como “profesional” y “gradual” la actuación de la fuerza pública y aseguró que “hubo la necesidad de actuar con contundencia y vehemencia para evitar males mayores a la población” en algunas arremetidas de los manifestantes.

Ante la reacción del Gobierno, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, defendió hoy la posición de su Oficina y constató que los campesinos murieron como consecuencia de disparos de armas largas.

“Hay pocos que tienen estas armas largas (en Colombia): la fuerza pública, el movimiento rebelde y las bandas criminales, y en este caso podemos ver que la fuerza pública (...) estaba en el lugar”, dijo Howland en una entrevista a Blu Radio.

Howland también invitó a la Fiscalía a que investigue “si la fuerza publica utilizó o no su fuerza de forma apropiada”.

También dijo que la ONU no pudo constatar si las protestas están infiltradas por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal y como aseguran la Policía y el alto Gobierno.

“Había un pequeño porcentaje de estas personas (manifestantes) que fueron violentas, que esas personas fueran de las FARC o campesinos violentos es algo que no podemos decir”, añadió.

Las diferencias entre la ONU y el Gobierno quedan así patentes pocos días antes de que Navi Pillay inicie una visita oficial a Colombia, entre el 16 y el 19 de julio, en respuesta a una invitación anterior del Gobierno.

En la región del Catatumbo unas 15.000 personas secundan las protestas campesinas en demanda de reivindicaciones como que se cree en el lugar una Zona de Reserva Campesina, que es un tipo de modelo de desarrollo rural, y que se suspenda la erradicación manuel de la hoja de coca.

El Gobierno, tras ofrecer el miércoles acuerdos sobre inversiones productivas y viviendas sociales, dio hoy por suspendido el diálogo al insistir el campesinado en sus reivindicaciones.