La nueva fase de la operación Edu prevé hasta 40 detenciones más en Granada

La Policía prevé detener en la provincia de Granada hasta mediados de la próxima semana a entre 35 y 40 personas en el marco de la nueva fase de la operación Edu contra supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a la formación, seis de ellas a lo largo de hoy.

Así lo ha manifestado hoy a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, quien ha indicado que a lo largo de esta jornada la Policía detendrá en esta provincia a seis personas, que se suman a las cinco arrestadas el lunes pasado y a las nueve de ayer.

El subdelegado ha apuntado que entre los detenidos en Andalucía en esta nueva fase de la operación Edu, que se está desarrollando en Granada, Córdoba y Jaén, también figuran un empresario que fue arrestado en Sevilla, donde además el exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda también tuvo que prestar declaración el lunes pasado dado que una de sus empresas daba cursos de formación en Granada, tras lo cual quedó en libertad con cargos.

Ojeda, que ya fue detenido el pasado verano en Cádiz en el marco de la operación Óscar por un supuesto fraude masivo en subvenciones públicas, forma parte de las investigaciones de la fase de la operación Edu que dirige el juzgado de Instrucción 1 de Granada.

El subdelegado, que ha dicho que en la provincia de Granada se prevén hasta 40 arrestos en los próximos días, ha apuntado que las detenciones de esta semana se enmarcan en una operación “muy compleja y extensa” que afecta a centenares de personas.

Ha dicho que entre los detenidos habrá empresarios y personal ligado a la Consejería de Empleo como técnicos y otros cargos públicos.

Aunque se desconoce la cuantía total del dinero defraudado, Pérez ha puesto como ejemplo que uno solo de los programas de formación destinó 7,5 millones a Granada, y ha recalcado que entre 2010 y 2011 la Junta invirtió “cantidades astronómicas en todas las provincias andaluzas” para cursos de formación.

La operación investiga el mal uso de esos fondos, la concesión arbitraria de cursos, si se hicieron o no, cómo se hicieron y cómo se gastó el dinero para que, una vez practicadas todas las diligencias y pruebas, el juzgado competente determine si son necesarios nuevos pasos.

“No todo ha sido un mal uso”, ha subrayado Pérez, que ha explicado que se barajan “cantidades muy respetables” y que se ha tomado declaración a alumnos, empresarios y técnicos para precisar la cuantía total del dinero defraudado, “varios millones de euros”.