Oposición abre debate sobre tareas de comisión de disuelto Congreso de Perú

La Comisión Permanente del disuelto Congreso de Perú, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, abrió un nuevo debate en el país al plantear que está habilitada para reactivar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a pesar de que la ley limita al mínimo sus atribuciones.

Durante la segunda sesión de la Comisión desde que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, el pasado 30 de septiembre, el fujimorista Mario Mantilla pidió que se reactive la subcomisión constitucional ya que, en su opinión, esto es permitido por el reglamento del Legislativo.

La posición de Mantilla fue rechazada por los representantes de las agrupaciones de izquierda y liberales, quienes recordaron que la Constitución peruana establece que la Comisión Permanente no puede asumir las funciones del pleno de un Congreso disuelto.

“El artículo 135 de la Constitución dice que en este interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia a los que da cuenta a la Comisión Permanente. Esa es la única función que tiene la Comisión Permanente”, remarcó el izquierdista Alberto Quintanilla.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, consideró que una disolución del Parlamento no alcanza al organismo que él dirige ni a los órganos que lo integran, como la subcomisión encargada de analizar las acusaciones constitucionales.

Ante esta discrepancia, Mantilla planteó que se solicite un informe técnico-legal externo sobre las atribuciones que tiene la Comisión Permanente hasta la elección del nuevo Legislativo, que fue convocada para el próximo 26 de enero.

Su solicitud fue aprobada con la votación favorable de los representantes de Fuerza Popular, el Partido Aprista y Unidos por la República.

Durante la sesión, los comisionados también recibieron informes sobre varios proyectos de ley que fueron remitidos por el Congreso disuelto al Poder Ejecutivo, pero no han sido promulgados, entre ellos una ley de protección policial.

Se dio cuenta, además, de otros proyectos aprobados que no han sido recibidos por el Ejecutivo y no han sido aceptados para su publicación por el diario oficial El Peruano, entre ellos de la ley de productos farmacéuticos y sanitarios.

Al término de la reunión, el fujimorista Miguel Torres declaró a periodistas que es “importante” recibir la opinión de juristas y constitucionalistas para “tener un fundamento jurídico para las decisiones que se van a tomar más adelante”.

Torres también comentó que los decretos que emite el Ejecutivo mientras está cerrado el Congreso “llaman la atención”, ya que podrían ir “más allá” de sus facultades, según dijo.

Sin embargo, el también comisionado Clemente Flores consideró que los últimos decretos promulgados para fomentar la reactivación económica del país permitirán un “mayor dinamismo de la economía”.

Desde el cierre del Congreso, el Ejecutivo ha emitido decretos referidos a las elecciones legislativas del 26 de enero y para establecer “medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través del gasto público”.

Según el Ejecutivo, esas medidas buscan promover la inversión por más de 1.000 millones de soles (unos 303 millones de dólares) de diversas entidades estatales para financiar, principalmente, inversiones en sectores sociales tales como educación, salud, vivienda y agricultura.