La oposición del Congreso de Guatemala exige la renuncia a la junta directiva

Guatemala, 23 nov (EFE).- Los bloques legislativos de oposición del Congreso en Guatemala exigieron este lunes la renuncia de la junta directiva del organismo señalados de ser los “responsables de esta crisis” que vive el país, desde que una mayoría de diputados aprobara el presupuesto para 2021.

En un pronunciamiento conjunto, representantes de siete agrupaciones políticas lamentaron la “opacidad” con la que se ha movido la junta directiva del Congreso, presidida por Allan Rodríguez, del partido de Gobierno, Vamos.

Coincidieron en que “es ilegítima la forma en cómo hicieron esa elección, nos opusimos y son los responsables de estar llevando a esta crisis ante el pueblo de Guatemala”.

Este grupo opositor está compuesto por más de 40 diputados, correspondientes a los partidos Semilla, Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) -estos tres con todos sus congresistas electos-, más elementos “sueltos” de Bien, Victoria, Avanzada Nacional y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

“Queremos saludar y reconocer ese clamor ciudadano que se expresó el pasado fin de semana en las distintas plazas de nuestro territorio. Estamos convencidos que solo el pueblo puede estar en resistencia y de alguna manera poder contrarrestar ante las nefastas decisiones de los gobernantes”, esgrimió la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, jefa de bloque de Winaq, quien fue portavoz del pronunciamiento.

Los congresistas señalaron que “en ningún momento fuimos convocados a la instancia de jefes de bloque” celebrada la madrugada de este domingo, por lo que “de ninguna manera aceptamos esa declaratoria que hoy hicieron en conferencia de prensa de manera opaca, oscura, como siempre lo han hecho”.

Según medios locales, el mensaje de la junta directiva fue grabado en una sede del Ministerio de Defensa, aunque las autoridades no han confirmado dicha versión pese a la insistencia de periodistas. Tampoco se ha explicado el motivo de la hora del mensaje, pasados varios minutos después de la media noche.

“Hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2021”, aseveró Rodríguez, quien añadió que “en consecuencia dicho Decreto no será remitido al Organismo Ejecutivo”.

Sin embargo, el presidente del Congreso no se refirió a los cambios que se realizarán al mismo para su envío al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, antes de diciembre, como contempla la ley.

Además, la diputada de Semilla Lucrecia Hernández Mack advirtió en un mensaje en sus redes sociales de que legalmente “ni la Junta Directiva (del Congreso) ni sus bloques tienen la potestad de archivar una ley aprobada por el pleno” e instó a la población a no dejarse engañar por las autoridades parlamentarias.

Los opositores subrayaron, en la voz de Gutiérrez Raguay, que harán llegar a la junta directiva presidida por Rodríguez una solicitud para que esa suspensión sea conocida por el pleno, constituido por 160 diputados donde el partido oficial no tiene mayoría, pero la aglutina con alianzas que incluyen a la Unión del Cambio Nacional, fundado por el expresidenciable Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Finalmente, la oposición legislativa manifestó su rechazo a “los actos de violencia y de represión en contra de los manifestantes, que fue en comparsa por el Gobierno y por el ministro de Gobernación y la PNC. Vamos a actuar frente a estas acciones ilegales y arbitrarias, en contra de esos funcionarios”.

La aprobación del presupuesto el pasado miércoles, a las 05.30 de la madrugada, provocó un malestar en la población que se tradujo en las manifestaciones del sábado, convocadas durante la semana para expresar el rechazo al Congreso.

Dicho presupuesto, aprobado por 115 de los 160 legisladores bajo estrictas medidas de seguridad con cierre de varias calles a la redonda, ha sido descrito como “opaco” por legisladores de oposición que indicaron que nunca tuvieron acceso al documento.

Además, según expertos, el presupuesto presenta amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos.