La oposición ve insuficiente la multa de la Xunta a la familia Franco y el PP rechaza entrar en un debate sobre “cifras”

En primer término, en rueda de prensa, la viceportavoz del BNG en la Cámara, Olalla Rodil, ha lamentado que “pasar por encima de la ley” no suponga la multa máxima, sobre todo a la vista de que la Fundación Francisco Franco, que gestiona las entradas al inmueble, ya anunció que “hasta nueva orden” este bien de interés cultural quedaba clausurado al público.

“Queremos un compromiso claro de la Xunta para defender al pueblo gallego, los derechos democráticos y la memoria de las víctimas del fascismo”, ha subrayado, al tiempo que ha mostrado sus dudas sobre que el PP tenga interés real en recuperar el Pazo de Meirás para lo público.

A continuación, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha defendido tener en cuenta “el carácter continuado del incumplimiento” por parte de la familia Franco para “agravar” la multa, máxime ahora que se ha anunciado un nuevo expediente. Asimismo, para Ánxeles Cuña, diputada de En Marea, la sanción es “irisorria”.

Por su parte, su homólogo en el PPdeG, Pedro Puy, ha considerado “arriesgado” entrar en una guerra de cifras sobre si la cuantía económica de la multa “es poca o es mucha” cuando hay “un expediente administrativo” aplicado “de acuerdo con la ley” y “por parte de empleados públicos”.

“Yo no quiero entrar en debates sobre si me parece poco o mucho, pero sí quiero decir que aquí se les está aplicando la ley como a cualquier otro ciudadano. Sea cual sea su apellido, cuando se incumple una norma, se hace un expediente administrativo con una sanción que, en este caso, se ha hecho firme”, ha manifestado.

ANALIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL PAZO

En paralelo, el PSdeG ha anunciado el registro de su iniciativa de creación de una comisión técnica con participación de diferentes instituciones para analizar la fórmula en la que el Pazo de Meirás pueda ser incorporado al patrimonio público.

Se trata, como ha explicado Leiceaga, de revisar la documentación existente para ratificar que la entrega del inmueble al dictador no se hizo de forma “voluntaria”, sino bajo “coacción” y por “imposición” de la Falange. De ser así, podría estudiarse la reversión de esa cesión.

Lo que ha dejado claro es que en su voluntad no está fijar “ningún tipo de compensación” a los herederos de Franco por “algo de lo que disfrutan” a raíz de un acto “ilegítimo”. Sería “un mal negocio”, ha recalcado, de la misma manera que Olalla Rodil ha rechazado “pagar nada” a esa familia.

En la misma idea de que una cesión “fraudulenta” puede ser revertida ha incidido Cuña, quien ha sostenido que “el robo está documentado”. Asimismo, ha subrayado que la “conciencia social” de que hay que “reparar la memoria” es la que reclama la devolución del Pazo de Meirás.

Igualmente, Pedro Puy ha señalado que se trata de una “idea interesante y razonable” alrededor de la que espera que “haya acuerdo”.

¿FRANQUISTA?

Por último, los grupos han hablado sobre la entrevista concedida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la Cadena Ser, en la que descartó “mecanismos franquistas de incumplimiento de la ley” para expropiar el Pazo de Meirás.

Sobre este punto, Puy Fraga ha puntualizado que “el presidente no habló de expropiaciones franquistas”. “Dijo que no se iba a hacer algo al margen de la ley como se hacía en los tiempos de Franco”, ha señalado.

Por su parte, Leiceaga ha dicho no comprender que el presidente hable de las expropiaciones como “mecanismos franquistas”, cuando esa vía se utiliza en los casos de interés general; mientras la representante de la formación rupturista ha acusado a Feijóo de “insultar a las víctimas” con frases como ésa.

“Sólo demuestran connivencia con la familia Franco y la consolidación del saqueo”, ha sentenciado, antes de requerir al máximo mandatario autonómico que “se retracte” de esas palabras.