La oposición keniana se manifiesta contra la Comisión Electoral por fraude

Miles de personas se manifestaron hoy en varias ciudades kenianas para protestar contra la Comisión Electoral Independiente (IEBC, en sus siglas inglés), a la que acusan de aliarse con el Gobierno para amañar las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en agosto de 2017.

Desde primera hora de la mañana, simpatizantes de la Coalición para la Reforma y la Democracia (CORD), la principal formación opositora, empezaron a congregarse delante de la sede central de la IEBC en Nairobi para pedir la dimisión de toda su cúpula directiva.

Hace dos semanas, otra manifestación de las fuerzas opositoras acabó con enfrentamientos con la Policía y varios de sus líderes tuvieron que marcharse a toda prisa después de que las fuerzas de seguridad lanzaran gas lacrimógeno contra la multitud.

En la ciudad occidental de Kisumu, la tercera más grande del país en términos de población y bastión de CORD, cientos de personas acudieron a las protestas, organizadas por varios líderes regionales de la coalición.

La oposición acusa al presidente de la IEBC, Isaac Hassan, de apoyar al presidente del país, Uhuru Kenyatta, y de haberse confabulado con la alianza gobernante Jubilee para volver a amañar las elecciones como hicieron en 2013.

“Hassan y su equipo deberían saber que su tiempo ha llegado y abandonar sus cargos. Esta vez no nos detendremos hasta que haya un equipo creíble que supervise las próximas elecciones”, declaró a la prensa la subgobernadora de Kisumu y hermana del líder opositor Raila Odigna, Ruth.

A falta de algo más de un año para las próximas elecciones presidenciales, los diferentes partidos políticos comienzan a tomar posiciones para un último año de mandato que estará cargado de acusaciones cruzadas.

En 2013, la coalición de Kenyatta venció en las elecciones con algo más del 50% de los votos, lo justo para no tener que ir a una segunda vuelta, en unos comicios mayoritariamente pacíficos que hicieron olvidar la violencia postelectoral de 2008, cuando más de 1.200 personas perdieron la vida.

Los numerosos problemas registrados por el sistema de recuento electrónico -que al final fue abandonado a pesar de su alto coste- generaron una gran controversia entre las fuerzas opositoras, que acudieron a la justicia para denunciar el fraude, pero el Tribunal Supremo consideró que no había pruebas suficientes.