La oposición mantiene la marcha pese a la prohibición y llama a Ortega a no “reprimir”

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua anunció este martes que mantiene la convocatoria a una movilización para mañana miércoles contra el Gobierno de Daniel Ortega en el marco de la crisis que estalló hace un año, pese a que la Policía Nacional no la autorizó.

“La marcha va”, indicó la Unidad Nacional en una carta pública, en la que exhorta a la comunidad internacional “a llamar al Gobierno de Nicaragua a no reprimir dicha movilización y respetar el derecho fundamental e irrenunciable de libre expresión y movilización”.

Esa coalición observó que “desde abril del año pasado el régimen Ortega Murillo mantiene al país en un Estado de facto de excepción y rompimiento de todo el orden constitucional”.

La movilización ciudadana está prevista para este miércoles a las 14.00 horas (20.00 GMT) entre la rotonda “Centroamérica” y el monumento “Alexis Argüello”, en una de las principales avenidas de Managua.

En la carta pública, la Unidad Nacional argumentó que la libre movilización es un derecho consignado en la Constitución Política de Nicaragua y harán uso del mismo.

Además, que convocan a esa marcha cívica y pacífica con el fin de continuar exigiendo libertades y justicia con democracia.

La Policía de Nicaragua decidió este martes “no autorizar” esa movilización pública bajo el argumento que la Unidad Nacional Azul y Blanco no tiene personalidad jurídica.

Además, porque ese movimiento opositor ha estado “involucrado en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos fines de semana” en un centro comercial de Managua, “en los que resultaron personas heridas y afectadas las actividades de comercio y de recreación”.

La Unidad Nacional ha rechazado esos señalamientos y han denunciado, con vídeos como prueba, que sus protestas son pacíficas hasta que la Policía y paramilitares oficialistas han realizado ataques contra civiles, con el uso incluso de armas de diversos tipos.

La Policía apeló a su ley creadora para rechazar la manifestación, pese a las críticas de expertos juristas y constitucionalistas, que indican que ninguna ley está por encima de la Constitución de Nicaragua, que garantiza la libertad de expresión sin necesidad de licencia.

El rechazo policial se da dos días antes del primer aniversario del estallido social contra Ortega, ocurrido el 18 de abril de 2018, que ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos humanitarios locales señalan hasta 568, mientras que el Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan entre 779 y 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.

Un grupo de expertos independientes tutelados por la CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de “lesa humanidad”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.