El opositor a mina Conga es condenado a 19 años de cárcel por corrupción en Perú

El dirigente peruano Gregorio Santos, líder de la oposición al proyecto minero Conga, de la estadounidense Newmont, fue condenado este lunes a 19 años de prisión en un proceso que se le siguió por varios delitos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de la región norteña de Cajamarca.

Santos, quien no acudió a escuchar la sentencia dictada por el Juzgado Penal Colegiado Nacional Especializado en Crimen Organizado, de Lima, fue encontrado responsable de los delitos de colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

El juez Guillermo Huamán, encargado del tribunal, condenó a Santos a 4 años de prisión y al pago de 500.000 soles (unos 151.000 dólares) por el delito de colusión simple.

Además, le dictó 8 años de prisión y el pago de 1 millones de soles (unos 300.000 dólares) por el delito de colusión agravada y 7 años de cárcel y el pago de 50.000 soles (unos 15.100 dólares) por el delito de asociación ilícita para delinquir.

LA ACUSACIÓN

Santos fue acusado, junto a otros funcionarios de su gestión regional, de haber dirigido entre 2011 y 2012 la entrega de una serie de proyectos públicos a favor de empresarios cuando era gobernador de Cajamarca.

Durante la audiencia de este lunes, se informó que en los casi tres años que duró el proceso se revisaron 150.000 documentos y se realizaron 270 sesiones.

El juez Huamán señaló que eso permitió acreditar que hubo una defraudación al Estado en los contratos que hizo el organismo encargado de licitar las obras cuando Santos era la máxima autoridad de Cajamarca, entre 2011 y 2014.

Aunque el dirigente no estuvo presente en la audiencia, su abogada, Cynthia Cornejo, declaró que “en las próximas horas él se va a hacer presente ante las autoridades y va a ponerse a derecho”.

UN OPOSITOR A LA MINA CONGA

Santos, líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS), se hizo muy conocido en Perú en 2011, cuando lideró las protestas en Cajamarca, una región a más de 800 kilómetros al norte de Lima, contra el proyecto minero aurífero Conga.

Los cajamarquinos consideran que el desarrollo de este proyecto minero, que permanece paralizado, dañaría gravemente las reservas de agua de su región.

Posteriormente, pasó dos años en prisión preventiva, entre 2014 y 2016, por la investigación que se le siguió por corrupción, pero fue liberado tras no recibir una sentencia.

Mientras estuvo recluido en una cárcel de Lima, una resolución emitida en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que su situación era de “gravedad y urgencia” y emplazó al Estado peruano a garantizar sus condiciones de detención, algo que fue rechazado por el Gobierno de Perú.

Aunque en 2014 fue reelegido como gobernador de Cajamarca, no pudo ejercer ese cargo por estar en prisión, pero fue candidato en las elecciones presidenciales de 2016, en las que obtuvo la mayor votación en Cajamarca y el 4 % del sufragio nacional.