Ortega hace creer que hay una guerra contra él en Nicaragua, dice la oposición

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha hecho creer a sus seguidores, entre ellos a la Policía Nacional y a civiles armados, que las protestas que comenzaron hace poco más de un año constituyen “una ”guerra“ que busca derrocarlo tras 12 años en el poder, dijo este miércoles un activista opositor.

El abogado Mathil Alexander Pérez Amador, un opositor al Gobierno que fue excarcelado el 5 de abril pasado tras permanecer en prisión desde el 14 de agosto de 2018, dijo a periodistas que el mensaje que el Ejecutivo ha vendido a sus simpatizantes es “que en Nicaragua hay una guerra por la defensa de la revolución”.

“El Gobierno le ha metido en la cabeza a mucha gente que fue del Servicio Militar que esta (crisis sociopolítica) es una guerra y que hay que defender la revolución (sandinista) y ellos también se han prestado”, indicó el también promotor de derechos humanos y miembro del “Movimiento Azul y Blanco” en la ciudad de Estelí (norte).

El abogado se refiere a los excombatientes que respaldaron con las armas al primer Gobierno sandinista durante la guerra civil de los años 80 del siglo pasado y que dejó miles de muertos, y que, a su juicio, muchos de ellos son ahora los civiles armados que ocultan su identidad bajo capuchas para reprimir a los opositores.

Según el activista, de 50 años, algunos excombatientes han decidido apoyar a Ortega con la esperanza de que está vez les cumpla con sus demandas de títulos de propiedad, financiación para hacer producir sus tierras, beneficios en el Seguro Social y becas para estudiar.

Razonó que ese es uno de los objetivos del Gobierno al denunciar que las protestas se trata de una guerra o un intento de golpe de Estado y que detrás de ella están los Estados Unidos, como si fuera una reedición de la guerra civil de los años 80 en la que Washington apoyó con recursos y con armas a la “Contra”.

Observó que ese mensaje va dirigido principalmente a la Policía Nacional, una institución que nació en 1979 tras el derrocamiento con las fuerzas de las armas a la dictadura de los Somoza (1936-1979), y a los excombatientes sandinistas, que -insistió- son quienes han actuado contra la población civil que ha salido a las calles a manifestarse contra Ortega.

Asimismo, Pérez Amador advirtió que los civiles armados, muchos de ellos en situación económica precaria, además de fanáticos, se están convirtiendo en una red criminal organizada por el propio Gobierno, que actúa con total impunidad.

“Estas personas, al no procesarlas, están en la impunidad”, alertó el jurista, quien fue condenado por los delitos de crimen organizado, asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de servicios públicos y tenencia de armas, y actualmente se encuentra en régimen de convivencia familiar.

Nicaragua se enfrenta a su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos desde el 18 de abril del año pasado.

Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH también cuenta al menos 809 “presos políticos”, más del doble de los que reconoce el Gobierno, que los denomina “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.