Los pactos autonómicos, la excepción que puede convertirse en norma

Las elecciones autonómicas del 24 de mayo se presentan como la puerta de entrada a un complejo panorama de pactos postelectorales desconocido en los once procesos electorales celebrados hasta el momento, aunque la mayor parte de las autonomías acumulan experiencia en acuerdos de gobierno.

A falta de conocer cómo se resuelve el rompecabezas andaluz, otras trece autonomías (todas salvo Cataluña, Galicia y País Vasco) y las dos ciudades autónomas abrirán las urnas para comprobar si, como pronostican todas las encuestas, la época de las mayorías absolutas ha terminado y la irrupción de los nuevos partidos cambia el panorama político.

Los pactos electorales marcarán los próximos años, pero, aunque con menor intensidad, la historia de la democracia está teñida de coaliciones o acuerdos por el poder.

En las últimas elecciones autonómicas, Extremadura, feudo socialista desde los inicios de la democracia, protagonizó uno de los pactos más improbables, el del PP con Izquierda Unida, cuya abstención permitió gobernar a José Antonio Monago y acabar con la hegemonía socialista.

Las islas Canarias también se sumaron a los acuerdos por el poder, en este caso, se unieron Coalición Canaria -que rompió la relación con el PP- y el PSOE para gobernar conjuntamente.

También se puede mirar a Asturias, donde tras las elecciones de 2011 gobernó Foro Asturias con apoyo del PP, pero tuvo que convocar nuevas elecciones de las que salió un gobierno del PSOE, también en minoría. De hecho, los últimos presupuestos del Principado han salido adelante gracias al apoyo del PP a los socialistas.

O incluso a Aragón, donde Luisa Fernanda Rudi ha gobernado durante los últimos cuatro años con el apoyo del PAR, el mismo partido que permitió gobernar al PSOE en la legislatura anterior.

Pero pactos ha habido siempre y prácticamente en todas las autonomías, pues sólo Castilla-La Mancha y Murcia han escapado hasta el momento a las negociaciones y han transitado de mayoría absoluta en mayoría absoluta, algo que, según apuntan las encuestas, ha llegado a su fin en ambos territorios.

Acuerdos que van desde los de los años 80 entre el PP de José María Aznar y el CDS en Castilla y León o los del PP y el PSOE con los regionalistas en La Rioja y en Cantabria hasta el pacto a cinco que desbancó al PP del Govern balear en 1999 o el acuerdo a tres que se repitió en esa autonomía en 2007.

Un acuerdo, el conocido como “pacto del pollo” entre el PP y Unión Valenciana, permitió a Eduardo Zaplana desbancar al PSOE de la Comunidad Valenciana en 1995.

Y un pacto con IU iba a convertir a Rafael Simancas en presidente de la Comunidad de Madrid en 2003. El “tamayazo” impidió que fraguara esa unión, obligó a repetir elecciones y relanzó la carrera de Esperanza Aguirre, quien cosechó tres mayorías absolutas consecutivas.

Cantabria tiene un amplio historial de pactos de todo tipo, marcados en los 80 por la figura de Juan Hormaechea y entre 2003 y 2011 por el regionalista Miguel Ángel Revilla, que gobernó apoyado por el PSOE.

Aunque no citan en las urnas el 24 de mayo, Galicia, el País Vasco y Cataluña también han hecho sus aportaciones a la política de pactos en España.

Pactos como el que en 1987 hizo que los socialistas gallegos desalojaran del poder a Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, tras una moción de censura que dio lugar a un Gobierno tripartito, bajo la presidencia del socialista Fernando González Laxe.

O como el que llevó al gobierno al socialista Emilio Pérez Toruiño con el apoyo del BNG en 2005.

Los resultados de las elecciones de Cataluña del 2003 dio lugar a un panorama político complejo que acabó en el tripartito entre PSC, ERC e ICV-EUiA que duró dos legislaturas, la primera bajo presidencia de Pasqual Maragall y la segunda de José Montilla.

El País Vasco encarna una de las más arraigadas tradiciones de acuerdos, que abarcan desde los doce años de colaboración el PNV y el PSE al histórico acuerdo que entre este partido y el PP que permitió que Patxi López se convirtiera en el primer lehendakari no nacionalista en 2009.