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Los padres de la chica arrollada por un tren en Areta (Álava) logran 288.000 firmas en favor de los pasos soterrados

EUROPA PRESS

BILBAO —

Las firmas, recogidas en la plataforma change.org, han sido remitidas al Ministerio de Fomento y a las empresas COMSA, Adif y Renfe y los padres de la joven fallecida han denunciado en el escrito que acompaña la petición que, en la actualidad, existen en España “un total de 433 pasos peligrosos como el que registró el atropello de la joven a cargo de un mercancías de la compañía COMSA”.

Los familiares de Irune reclaman la modificación de la actual legislación ferroviaria “para garantizar el soterramiento de todos y cada uno de los 433 pasos peligrosos entre andenes que existen todavía” en España.

El escrito solicita, en todo caso, a las instituciones y empresas, que “hasta que no se soterren todos, se tomen otras medidas provisionales para proteger a los viajeros, como pueden ser semáforos, barreras o vigilantes”, apuntan.

Al cumplirse un año del atropello, la familia ha denunciado haber sufrido en este tiempo “el ninguneo de COMSA, Adif y Renfe y hemos comprobado el pasotismo y la dejadez del Ministerio de Fomento. Creemos que estamos obligados a pelear en una lucha desigual contra Fomento y contra las empresas ferroviarias, para que esta situación cambie y no haya más víctimas”, han explicado en un comunicado.

Además de solicitar el soterramiento de todos los pasos entre andenes, la familia ha exigido una serie de medidas entre las que está que Fomento -y no las empresas ferroviarias - den una atención integral real a los familiares de las víctimas en accidentes ferroviarios.

Asimismo consideran “necesario” que siempre que haya al menos una víctima mortal, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cambie la calificación de 'incidente' por la de 'accidente grave' y se inicie una investigación a continuación.

La petición también reclama que el seguro obligatorio de viajeros “sea efectivo” desde el momento en que se valide el billete en el torno de entrada hasta que se cancele el de salida, y que se elabore “una normativa específica” para la custodia de los registros jurídicos de las cajas negras cuando ocurra un accidente.

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