Los países pueden recurrir a controles fronterizos en casos como los atentados

Los países pertenecientes al espacio europeo de libre circulación Schengen pueden imponer controles en sus fronteras como medida excepcional en el caso de que se requiera “acción inmediata” y su orden público o seguridad estén amenazados, como en el caso de atentados, recordaron hoy fuentes comunitarias.

“El Código de fronteras Schengen prevé explícitamente la introducción de controles temporales en casos en los que se requiera acción inmediata y haya una amenaza al orden público o a la seguridad interna”, indicaron a Efe las fuentes.

Tras el atentado terrorista en Niza (sur de Francia) que ha causado este jueves al menos 84 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, España ha incrementado sus controles fronterizos.

Más en concreto, las medidas de seguridad en la frontera de La Jonquera, donde existe una unidad de coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad españoles y franceses, se han intensificado.

Además, con motivo de los ataques terroristas del 13 de noviembre en París y de cara a la celebración en la capital gala de la cumbre mundial sobre el cambio climático, la Gendarmería francesa emprendió una vigilancia estrecha de los vehículos que entraban en su territorio desde España.

Según el Código Schengen, que regula la libre circulación de personas -sean de la nacionalidad que sean- en ese espacio, es posible “restablecer inmediatamente las inspecciones fronterizas en las fronteras interiores” de manera “excepcional” y cuando una “amenaza grave al orden público o a la seguridad interior de un país de la UE exija una acción inmediata”.

El país que tome la decisión de reintroducir los controles deberá notificárselo “inmediatamente” a los demás países de la UE y a la Comisión Europea (CE).

Si no es necesaria una “acción inmediata” pero existe una “amenaza grave” para el orden público y la seguridad interior, los países también pueden restablecer excepcionalmente, como “último recurso”, controles en sus fronteras interiores durante un período no superior a treinta días, prorrogable según las condiciones establecidas por el Código o si persiste la amenaza.

En ese caso, el país también debe informar a los demás socios de Schengen y a la CE, así como al Consejo y al Parlamento europeos.

Por otra parte, atentados como los del pasado 13 de noviembre en París han motivado medidas como la propuesta por la CE para controlar sistemáticamente la identidad de todos los europeos que entren y salgan de la UE, un plan que la Comisión de Interior, Justicia y Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo respaldó el 21 de junio.

La estrategia, que se espera que sea sometida a votación del pleno de la Eurocámara después del verano y pueda entrar en vigor antes de que concluya el año, supone modificar la legislación actual para permitir extender a todos los ciudadanos europeos los controles a los que ahora se somete a los nacionales de países no comunitarios.

Esos controles incluyen cotejar la identidad de cada persona con las diversas bases de datos de seguridad europeas y nacionales, como la de documentos robados.