El Parlamento hondureño asume entre el rechazo de la oposición y la denuncia de la OEA

El nuevo Parlamento hondureño para el cuatrienio 2018-2022 se constituyó hoy con el rechazo de la oposición que aduce que hubo fraude en las elecciones de 2017 y el cuestionamiento por un “Pacto de impunidad” denunciado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

“Hoy inauguramos un Congreso integrado por una variedad de visiones y de estilos sobre el poder, la gobernanza y la forma de aplicar la política para lograr el bien común”, dijo el presidente del Parlamento, Mauricio Oliva, del gobernante Partido Nacional.

Agregó que está “seguro de que el abordaje de los asuntos de Estado y el debate de los decretos legislativos se verán enriquecidos con la patriótica contribución de todas las fuerzas políticas aquí representadas”.

La ceremonia del nuevo Parlamento se celebró sin la presencia del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien fue representado por el vicepresidente, Ricardo Álvarez.

Asistieron al evento funcionarios del Gobierno, del poder judicial, altos oficiales militares, cuerpo diplomático y los expresidentes Ricardo Maduro y Porfirio Lobo, entre otros invitados.

Los 30 diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegaron con pancartas protestando contra el supuesto “fraude” en las elecciones del 26 de noviembre de 2017 y coreando consignas como “Fuera JOH” (Juan Orlando Hernández).

El excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, asegura que el ganador de las elecciones fue él, pero que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le fraguó un “fraude” para que Hernández fuera reelegido.

Nasralla había reiterado el miércoles su petición a los hondureños que rechazan el fraude a que se concentraran hoy en Tegucigalpa para evitar que se instalara el nuevo Parlamento, cuyos directivos fueron electos por 67 de sus 128 diputados.

El Partido Nacional, con 61 diputados, fue apoyado para presidir el Parlamento por los cuatro de la Alianza Patriótica y los dos de la Democracia Cristiana y el de Unificación Democrática.

Oliva señaló que el Parlamento legislará “para generar empleo, oportunidades, acceso al crédito, modernizar constantemente el sistema electoral, repotenciar los gobiernos locales, consolidar el crecimiento económico, seguir disminuyendo la inseguridad, impulsar la educación y la cultura”.

Además, felicitó a los hondureños “por su ejemplar participación en las elecciones generales de noviembre del año anterior que dieron origen a la conformación de las instituciones que emanan del poder popular para el cuatrienio que comienza”.

Mientras transcurría la ceremonia, en las afueras del Parlamento, cuyos accesos fueron resguardados por cordones de seguridad de policías y militares, decenas de seguidores de Nasralla y mujeres que conmemoraban el “Día de la mujer hondureña”, protestaban contra el fraude y pedían la salida de Hernández del poder.

En la víspera del inicio del nuevo cuatrienio del Parlamento, la MACCIH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció un “pacto de impunidad” mediante la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto para “frenar” las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del legislativo.

El “pacto de impunidad” fue aprobado el 18 de enero por el Parlamento y tras la denuncia de la MACCIH, el miércoles, diversos sectores han criticado a los diputados y exigen una rectificación.

El Parlamento rechazó la denuncia de la MACCIH y hoy Oliva creó una comisión para aclarar a los diferentes órganos encargados de la investigación e impartir justicia los alcances de la reforma legal.

La comisión quedó integrada por diputados de los partidos Nacional, Libre, Liberal y Alianza Patriótica.

Según el portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez, la reforma establece un “nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)”.

Además, designa la auditoría de esos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la publicación de la reforma, y extiende el proceso de liquidación “retroactivamente” a los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, dijo Jiménez en una rueda de prensa.

La sesión de hoy del nuevo Parlamento hondureño continuará el sábado, cuando el presidente Hernández asumirá su segundo período de cuatro años.