El Parlamento de Nicaragua le quita facultades a su presidente tras la sanción de EE.UU.

La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó este sábado su ley en la que quita facultades a su presidente, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos y Canadá por promulgar “leyes represivas” en el marco de la crisis que vive el país desde hace más de un año.

Durante una sesión extraordinaria, los diputados sandinistas y sus aliados modificaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la que trasladan la mayoría de las funciones de su presidente a la primer secretaria.

Con la enmienda, Porras, elegido como presidente de la Asamblea Nacional por un período de dos años el 9 de enero de 2017 y reelegido por dos años más en enero pasado, no podrá firmar leyes, declaraciones, ni resoluciones, ni presentar el presupuesto anual de ese poder del Estado.

Las reformas establecen que quien firmará todos esos documentos será el primer secretario o secretaria del Parlamento, en poder actualmente de la sandinista Loria Dixon.

Esos cambios se dan luego de que Estados Unidos y Canadá sancionaran a cuatro nuevos funcionarios del “círculo interno” del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes ambos países acusan de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica.

Además de Porras, los otros sancionados son la ministra de Salud, Sonia Castro; el ministro de Transporte e Infraestructura, mayor general en retiro Óscar Mojica; y el titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo.

Porras es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) desde 1984; miembro honorario de la Asociación de Médicos Internistas de la República de Cuba; miembro del Consejo Sandinista Nacional y desde 2002 ha sido electo diputado nacional.

Estados Unidos lo señala como el operador político más importante del presidente Ortega, y que ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud, con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo (sancionada).

Bajo su mandato, el Parlamento promulgó una ley de amnistía que condicionalmente perdona a las personas que participaron en las protestas, pero también a los policías y combatientes de la policía que participaron en la violenta represión del Gobierno de Ortega contra los manifestantes.

Durante la sesión extraordinaria, los legisladores sandinistas también aprobaron una reforma a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo que faculta al presidente Ortega a nombrar ministros y viceministros “cuando lo estime conveniente”.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Daniel Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes “de lesa humanidad” en medio de la crisis.