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Partido opositor denuncia el “secuestro” de un concejal en Nicaragua
Un concejal opositor fue “secuestrado” por la Policía de Nicaragua mientras esperaba el nacimiento de su hijo en un hospital del norte del país, denunció hoy el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
El concejal Herny Peralta, representante de CxL en el municipio de Santa María de Pantasma, fue capturado la madrugada del martes en el Hospital Victoria Motta mientras esperaba que su esposa diera a luz, según informó el partido opositor.
La captura coincidió con denuncias sobre una supuesta “redada”, realizada por la Policía de Nicaragua en la ciudad de Jinotega, en la zona norte de Nicaragua.
CxL identificó como “secuestro” el caso de Peralta, ya que no había cometido delito al momento de ser capturado ni fue arrestado con orden judicial, y las autoridades tampoco informaron de su paradero.
El alcalde de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea, también liberal, dijo desconocer los motivos de la captura de Peralta, sobre el que la Policía no ha brindado información.
A Peralta le fue decomisado el bolso con pañales, ropa de bebé y de mujer que cargaba mientras esperaba el nacimiento de su hijo, según Gadea.
Nicaragua vive desde abril pasado una crisis que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Según organismos defensores de los derechos humanos, al menos 674 personas permanecen en las cárceles de Nicaragua como “presos políticos”, de las que el Gobierno reconoce 340 y los señala de ser “terroristas”, “golpistas” y “presos comunes”,
La crisis ha dejado 325 y 545 muertos, según los organismos humanitarios, frente a 199 que acepta el Gobierno, que niega las acusaciones de graves abusos contra manifestantes y lanzadas por entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y se dice objeto de un intento de golpe de Estado.
Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.
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