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Nueve partidos firman en el Congreso una petición de comisión de investigación para cerrar medidas contra la corrupción

Nueve partidos firman en el Congreso una petición de comisión de investigación para cerrar medidas contra la corrupción

EUROPA PRESS

MADRID —

Los grupos parlamentarios de Izquierda Plural y Mixto, con la firma de nueve partidos, han registrado en el Congreso una propuesta para crear una comisión de investigación sobre la corrupción que, además de realizar un estudio sobre “la tipología” de la corrupción política, sirva para diseñar medidas concretas en materia de financiación de los partidos políticos, contratos públicos, transparencia y fiscalización.

La solicitud, que una vez calificada por la Mesa del Congreso habrá de pasar por la Junta de Portavoces para ver si se incluye en el orden del día de algún próximo Pleno del Congreso, lleva la firma de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Chunta Aragonesista, los tres socios de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), más la de Esquerra (ERC), Amiaur, BNG, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai, todos ellos miembros del Grupo Mixto.

CASOS DE PP, PSOE Y UDC

En su exposición de motivos, recogida por Europa Press, se cita la repercusión de las últimas novedades de la trama Gürtel' y todo lo relacionado con el extesorero del PP Luis Bárcenas, unida a los precedentes del 'Filesa' (PSOE), 'Naseiro' (PP) y Pallerols (UDC-CiU) y a las investigaciones abiertas sobre el Gobierno de Matas (Palma Arena), para acabar mencionando las noticias del supuesto cobro de sobresueldos en las que “la sospecha de corrupción salpica al propio presidente del Gobierno”.

A su juicio, estos y otros casos de ámbito local “hacen imprescindible abordar esta alarmante situación de forma específica a través de una comisión de investigación que permita profundizar en los casos de corrupción política, elaborar las respuestas que espera la sociedad para combatir la corrupción y la vinculación de determinadas tramas con la supuesta financiación irregular e ilegal de los partidos políticos”.

“La corrupción es un grave problema en nuestra sociedad, socava el Estado de Derecho, la democracia y el Buen Gobierno, además de generar un grave perjuicio económico --argumentan--. Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de soberanía que el pueblo les confiere”.

Sabedores de que “buena parte del descrédito de los políticos se cimienta sobre la corrupción”, los promotores de la comisión de investigación exigen actuaciones para evitar “la sensación de que desde las instituciones políticas no se toman las medidas oportunas para la prevención, detección y castigo de la corrupción y que ésta se produce con total impunidad”.

DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA

Y como consideran que en la corrupción confluyen elementos comunes como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, la utilización de redes de sociedades interpuestas, la utilización de testaferros y paraísos fiscales que proporciona a los corruptos la opacidad y el anonimato necesario para ocultar las rentas provenientes de sus actividades delictivas, blanquear el dinero y evadir impuestos, Izquierda Plural y Grupo Mixto reclaman actuar en todos los ámbitos estatales, europeos e internacionales.

Para ello, se propone un plazo de seis meses para que esa comisión, además de establecer las tipologías de corrupción política, proponga medidas multidisciplinares en los campos de la justicia, los procesos de contratación de las Administraciones Públicas, la transparencia de los partidos políticos, su financiación, el régimen incompatibilidades de los cargos públicos y la regulación del Tribunal de Cuentas.

Entre otras reformas, se proponen “medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción y la recuperación de las cantidades sustraídas, la ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, y la inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos”.

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