Cómo pasar de 17.621 a 26 aforados, en cuatro (incómodos) pasos
España cuenta con 17.621 ciudadanos con algún tipo de aforamiento judicial, según reveló el pasado viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una entrevista en El País. En los últimos años se han manejado otras cifras, pero todas coinciden en lo mismo: España es el país de Europa con el número más alto. Una realidad que pasó desapercibida hasta que la crisis económica y su gestión derivó en una crisis del sistema que puso en duda el entramado político y administrativo surgido de la Constitución de 1978.
A lo elevado de la cifra contribuye el especial estatuto que tienen jueces y fiscales en España, que suman 15.263 aforados. El resto, 2.358, son políticos. Desde el presidente del Gobierno hasta el último de los diputados regionales pasando por senadores y miembros del Tribunal Constitucional. Una situación que se ha visto como un privilegio por una gran parte de la ciudadanía y por muchos partidos más o menos minoritarios, que han pedido revisar esta figura en múltiples ocasiones.
Ahora, es el Gobierno del PP quien lanza una propuesta concreta: reducir a 22 el número de aforados. Más la familia real, que Gallardón excluye a propósito de su propuesta; la reina Letizia, la princesa de Asturias, Leonor, además del rey Juan Carlos I y la reina Sofía también cuentan con este estatus. Un total de 26 personas.
A la iniciativa anunciada por el Gobierno se han sumado rápidamente partidos políticos y autoridades. Pese a la aparente unanimidad, el camino hacia el cambio afronta cuatro obstáculos a salvar.
1. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Eliminar el aforamiento de jueces y fiscales es relativamente fácil. Su condición viene dada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya modificación requiere del voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso y del Senado. El PP, partido que hace la propuesta, las tiene. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sin embargo, indicó el mismo viernes que el Ejecutivo espera escuchar “las opiniones de los grupos”, lo que invita a pensar en que el PP busca que la reforma sea consensuada.
El resto de partidos se han mostrado favorables a la reforma, aunque ninguno ha valorado la propuesta concreta de Gallardón. En este sentido, no existe una demanda social de que los jueces pierdan la condición de aforados. “Mucha gente no sabe que los miembros del Poder Judicial están aforados”, asegura la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Argelia Queralt.
¿Es necesario entonces desaforar a los jueces? Queralt recuerda que el aforamiento no implica inmunidad, aunque reconoce que su mera existencia puede interpretarse como una muestra de duda del legislador sobre la independencia del Poder Judicial.
2. Reforma de los estatutos de autonomía
Una buena parte de los aforados en España lo son porque así lo recogen los estatutos de autonomía, cuya modificación implica un procedimiento más complicado y en varias fases. En primer término, es el propio Parlamento regional quien debe tomar la iniciativa. “Gallardón no le puede decir a La Rioja, Canarias o Cataluña que modifiquen sus estatutos”, recuerda Queralt.
La propia vicepresidenta reconoció tras el Consejo de Ministros del viernes las “dificultades técnicas” que supone estas modificaciones. Y la necesidad de que instituciones del Estado independientes, como son las Comunidades Autónomas, acepten la iniciativa.
En caso afirmativo, cada estatuto recoge su propio proceso de modificación. Algunos exigen mayorías más o menos cualificadas y siempre podría ser aprovechado para introducir otros cambios. Esto es importante porque luego esa modificación debe ser ratificada por el Congreso y el Senado. Y, en algunos casos, por un referéndum. Un periplo que, de ponerse en marcha hoy, se daría de bruces con los procesos electorales previsto para 2015: elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales en noviembre. Como poco.
3. Reforma Constitucional
Quizá el obstáculo más peliagudo en un momento en el que el principal partido de la oposición ha propuesto un modelo federal para España que exigiría un cambio profundo de la Carta Magna, que recoge el aforamiento de diputados nacionales y senadores. En cualquier caso, su modificación implica una mayoría cualificada de 3/5 del Congreso y del Senado, aunque no implicaría la necesidad de disolver las Cortes ni de someterla a referéndum.
No sería la primera vez que PP y PSOE pactan un cambio rápido de la Constitución. Se hizo cuando la entrada en vigor del Tratado de Maastricht obligó a introducir el derecho de voto en determinadas elecciones a ciudadanos de la UE. Y también, con mucha más oposición tanto política como social, cuando en el verano de 2011 se cambió el artículo 135 de la Carta Magna para blindar el pago de la deuda pública. En el primer caso fue un acuerdo internacional lo que motivó el cambio; en el segundo, la imposición de la UE.
4. De 17.621 a 26 aforados
La reforma propuesta por Gallardón afronta además un planteamiento teórico sobre la mera necesidad de que exista la figura del aforado y de a quién debe aplicarse.
El ministro del Interior, en la entrevista con El País, dejaba fuera del debate a los miembros de la familia real. Y planteaba que los aforados sean los presidentes de las Cortes Generales, el jefe del Ejecutivo, los presidentes del Tribunal Supremo y del Constitucional y los de las comunidades autónomas.
Esto implica desaforar a ministros, diputados nacionales y senadores. “La figura del aforamiento está dirigida a proteger la libertad de los representantes de los ciudadanos”, explica Argelia Queralt. “Y siempre en función de un cargo y cuando lo están desarrollando”. La profesora reconoce que hoy España cuenta con un número muy elevado aunque cree algo arbitraria la propuesta de Justicia: “Que un ministro sea aforado no me parece tan descabellado”.
Queralt insiste en que muchas veces se confunde el aforamiento con la inmunidad, es decir que una persona no pueda ser detenida, o la irresponsabilidad, que afecta solo al rey Felipe VI.
