Periodistas denuncian un ataque a la libertad de expresión en Perú por una condena

Los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes revelaron en 2015 los abusos cometidos por el Sodalicio, calificaron como “un atentado contra la libertad de expresión” la condena dictada este lunes contra el primero por una opinión vertida sobre un obispo que pertenece a ese grupo religioso.

“Es la venganza del Sodalicio, es la respuesta autoritaria y antidemocrática del Sodalicio a dos periodistas que revelaron lo que ellos nunca quisieron que se sepa”, declaró Ugaz a Efe.

El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) es un organización católica de laicos consagrados y sacerdotes que viven en comunidad, que ha sido denunciada por abuso sexual, psicológico y físico a al menos 36 personas, entre ellas 19 menores, ocurridos entre 1974 y 2009, según una investigación interna.

Este lunes, la magistrada Judith Cueva, de la región norteña de Piura, condenó a Salinas a un año de prisión suspendida (sin ingresar en la cárcel) y al pago de 80.000 soles (unos 24.300 dólares) por difamación agravada contra el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren.

El obispo denunció al periodista por haberlo comparado en una columna de opinión con el obispo chileno Juan Barros, quien encubrió y desconoció los abusos sexuales del exsacerdote Fernando Karadima.

Para Ugaz, también denunciada por Eguren por una supuesta “difamación agravada”, todo apunta a que ambos procesos judiciales son “una venganza” del Sodalicio por la publicación que hicieron ambos en 2015 del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, que recoge los testimonios de 30 exintegrantes de ese movimiento fundado por Luis Fernando Figari y al que perteneció Eguren.

“Eguren ha sido parte del Sodalicio y tres años después (del libro) nos demanda”, apuntó la periodista, antes de detallar que la relación entre Eguren y Figari era de tal relevancia que este fue su invitado principal cuando asumió el arzobispado en 2006 y a quien brindó sus palabras de agradecimiento.

Salinas señaló a Efe, por su parte, que cuando le notificaron la sentencia condenatoria no tuvo mayor sorpresa porque “tenía el presentimiento de que esto iba a ocurrir”.

Aseguró, sin embargo, que sí le desconcertó “el nivel de desfachatez de esta concepción de que el periodismo es ese en que tú solamente puedes publicar aquellas cosas que han sido confirmadas por más de una fuente, descartando la opinión, donde hay interpretación de hechos sobre cosas que han sucedido”.

“Era como si estuviésemos ante una persona que jamás en su vida había abierto un periódico o leído una columna periodística”, agregó el periodista en referencia a la magistrada.

Los procesos contra Salinas y Ugaz se siguen desde 2018 en Piura, a pesar de que los periodistas viven y trabajan en Lima y que han solicitado el traslado de los casos a la capital peruana para evitar desplazarse cada ocho días hasta esa ciudad ubicada a unos 1.000 kilómetros al norte de la capital.

Para ellos, que el proceso haya continuado en Piura implica un desequilibrio en la administración de Justicia, pues el arzobispo es “una persona influyente, con un poder fáctico” en esa localidad.

A este poder le atribuye Salinas también que, desde un inicio, el juicio demostró desventajas para él, incluso en la última audiencia, en la que la jueza no se tomó ni tres horas para dar su resolución.

“Salió y sentenció”, dijo Salinas sobre el proceder de la jueza, al mismo tiempo que expresó su resignación al señalar que su apelación permanecerá en el Tribunal de Apelaciones de Piura, donde culminará su proceso.

“No hay forma de que llegue a Lima, estoy condenado”, agregó.

Por ese motivo, Ugaz bautizó el juicio contra Salinas como “la crónica de una condena anunciada”.

“Es un atentado a la libertad de expresión. Busca que el libro sea multiplicado por cero. Que la credibilidad de las víctimas desaparezca, y que cualquier periodista que quiera investigar a organizaciones poderosas retroceda y diga no, mejor no, porque me va a caer mi demanda”, apuntó la periodista.

Denunció, además, que el Estado “ha brillado por su ausencia” en todas las graves denuncias que reveló el libro sobre esta congregación que, según dijo, ha dejado “víctimas con vidas truncadas”.

“No lo vemos (al Estado) en los colegios en los que es dueño el Sodalicio, no hemos visto actuar de oficio en las denuncias que hemos investigado”, apuntó Ugaz, quien remachó que el Sodalicio “tenía como fin manipular a jóvenes quebrándoles la voluntad para poder así abusar de ellas física y psicológicamente”.

“Si nadie quiere ver que detrás de la condena de Pedro está el Sodalicio, no sé qué más quieren ver”, agregó.

La sentencia contra Salinas ha motivado el rechazo y la preocupación de organizaciones de derechos humanos y de periodistas, entre las que se encuentran Amnistía Internacional y el Consejo de la Prensa Peruana.