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El PNV pide libre acceso de los diputados a documentos de comisiones de investigación y actas de la Mesa del Congreso
Los nacionalistas vascos pretenden acabar así con el “oscurantismo” y las “restricciones” en el acceso a la información del Congreso porque “dificulta” el trabajo de sus señorías. Por ello, creen que es “urgente” un cambio en la normativa para que la Cámara Baja se convierta en “un ejemplo de transparencia”.
El PNV presenta esta iniciativa justo una semana después elevar una queja formal ante la presidenta del Congreso, Ana Pastor, porque no se le haya permitido consultar la documentación que reclamó a la Cámara sobre la comisión parlamentaria de investigación sobre presuntos malos tratos en cárceles españolas, que trabajó entre 1979 y 1982, y que fue declara secreta.
En su propuesta, que recoge Europa Press, el PNV propone que el Congreso inste a su presidenta, Ana Pastor, a adoptar una resolución interpretativa de su Reglamento en la que se explicite que el carácter de secreto de las deliberaciones, trabajos, conclusiones y cualquier otro documento de las comisiones de investigación, una vez concluya sus trabajos, no afecte los diputados, que podrán acceder libremente a los mismos aunque no hayan formado parte de esos órganos.
Y CON CARÁCTER RETROACTIVO
Asimismo, plantean que esa resolución sea de aplicación tanto para las comisiones de investigación creadas antes de la última reforma del Reglamento como para las que se constituyeron y realizaron sus trabajos en fechas anteriores a dicha reforma. En este sentido, añade el PNV, se adecuará en lo que sea necesario la instrucción sobre el Archivo del Congreso del 4 de julio de 1984.
Además, el grupo que capitanea Aitor Esteban también emplaza a la Presidencia del Congreso, o en su caso a la Mesa, a que adopte una decisión con el fin de que las actas de la Mesa del Congreso, que hasta ahora sólo ven los miembros del órgano de gobierno de la Cámara, también sean accesibles para todos los diputados.
En la exposición de motivos de su iniciativa, el PNV especifica que no se trata de materiales clasificados por la Ley de Secretos Oficiales y que tampoco puede argüirse la Ley del Patrimonio Histórico como “obstáculos” para el acceso parlamentario a la documentación.
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