El PNV y la Izquierda Plural piden hoy la retirada de la Ley de Tratados por excederse en el control a las CCAA

Para los nacionalistas vascos, el proyecto de ley otorga al Estado la capacidad de ejercer su competencia de coordinación “con vocación centralizadora” y extendiéndola más allá de las facultades que le viene reconociendo la doctrina del Tribunal Constitucional.

En opinión de la Izquierda Plural, la iniciativa del Gobierno “asesta un duro golpe a la autonomía en el ámbito de la acción exterior no convencional de la que disfrutan las comunidades autónomas, al abordar la regulación de la actividad internacional no normativa de éstas, en contradicción con el margen de acción conferido por los respectivos estatutos de autonomía y garantizado por la jurisprudencia constitucional”.

Así lo exponen ambos grupos parlamentarios en la justificación de las enmiendas de totalidad que han presentado al texto del Ejecutivo y a las que ha tenido acceso Europa Press.

El proyecto de Ley de Tratados, en su redacción actual, permite al Gobierno llevar un control sobre los convenios internacionales que firmen las comunidades autónomas, con el fin de que no invadan competencias propias del Estado.

La norma regula los tres tipos de acuerdos internacionales existentes en la práctica española: tratados --que solo puede firmar el Estado como sujeto de derecho internacional--, acuerdos internacionales administrativos, que ejecutan o concretan los tratados y que podrán suscribir otros sujetos como las comunidades autónomas y los memorandos de entendimiento, que son en realidad declaraciones de intenciones que no implican obligaciones y que también pueden suscribir las autonomías.

LOS TRATADOS, COMPETENCIA DEL ESTADO

Aunque deja claro que los tratados internacionales son competencia del Gobierno, el proyecto de ley establece que las autonomías deberán ser informadas de la firma de aquellos tratados que afecten a sus competencias, podrán instar al Estado a que celebre tratados en aquellos asuntos que sean de su interés y podrán formar parte de la delegación nacional que celebre estos tratados.

Las comunidades autónomas, en cambio, deberán informar previamente al Ministerio de Exteriores sobre su intención de suscribir un acuerdo internacional administrativo, con el fin de que Exteriores valore si el contenido de lo que se piensa firmar se ajusta efectivamente a un acuerdo internacional administrativo o debería en cambio tomar la forma de un tratado internacional o un acuerdo no normativo (memorando de entendimiento).

Aquellas propuestas de acuerdos que conlleven compromisos financieros serán remitidos, dice el proyecto de ley, al Ministerio de Hacienda para que informe sobre la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender tales compromisos.

En la justificación de su enmienda a la totalidad, el PNV advierte de que si bien el Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que el Estado establezca medidas que “regulen y coordinen” las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas, puede hacer uso de esta facultad “únicamente para evitar eventuales perjuicios sobre la dirección y ejecución de la política exterior que corresponde en exclusiva al Estado”.

Para IU-ICV-CHA, el proyecto de ley “plantea notorios problemas al abordar la materia objeto de regulación, revela graves deficiencias de técnica legislativa y plantea en su redacción algunas disposiciones manifiestamente contrarias a la Constitución, por lo que debe ser rechazado”.