Polémica en Portugal por falsedades en la candidatura de su fiscal europeo

Lisboa, 3 ene (EFE).- El Gobierno portugués se enfrenta a una fuerte polémica por las falsedades detectadas en los méritos que presentó para defender la elección de José Guerra como representante luso en la nueva Fiscalía Europea contra el fraude, que empezó a funcionar a finales de septiembre.

Hasta tres errores se han detectado en la defensa de su currículum, enviada hace meses por el Ministerio de Justicia portugués al Consejo de la Unión Europea para respaldar a Guerra y que han sido divulgadas ahora por la prensa local.

El caso, eclipsado por las fiestas de fin de año, ha adquirido fuerza en las últimas horas, con la intervención del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y la propia ministra de Justicia, Francisca Van Dunem, quien se ha justificado en una entrevista en la que ha dicho que no ve razones para dimitir.

Lo sucedido, sostiene la ministra, son “lapsus”, si bien para el presidente de Portugal se trata de una “negligencia en un asunto que tiene proyección internacional” sobre la que va a pedir más información.

La batalla política sobre José Guerra se desató por el modo en que fue elegido. Buscando al candidato ideal de Portugal, un jurado internacional de peritos consideró que la mejor opción era la magistrada Ana Carla Mendes de Almeida.

El Gobierno portugués, dirigido por el socialista António Costa, no estuvo de acuerdo y presentó en su lugar la candidatura de Guerra, que había quedado como segunda mejor opción para los peritos internacionales.

Por ello, el Ejecutivo tuvo que justificar su preferencia en un escrito enviado a Bruselas.

Es en ese documento, remitido por el Ministerio de Justicia, en el que se detectan los tres errores que han levantado la polvareda.

En primer lugar, califica a Guerra como “fiscal general adjunto”, cuando era apenas “fiscal”; sostiene que lideró la investigación de un relevante caso, cuando no fue esa su función en el proceso, y asegura que lideró una sección “del mayor departamento nacional en el ámbito de criminalidad económico-financiera”, para referirse al Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Lisboa.

En realidad, ese es el mayor departamento solo a nivel regional, ha explicado la Fiscalía General de la República, dado que el mayor a nivel nacional es el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP).

El Ministerio de Justicia ha admitido lo sucedido pero lo ha rebajado a simples “lapsus”, asegurando que actuó “de buena fe”, una versión respaldada por José Guerra.

“No creo que el Ministerio de Justicia haya faltado a la verdad, pero está reproduciendo de forma deficiente lo que ocurrió”, ha dicho en declaraciones recogidas hoy por el semanario Expresso, donde insiste en que él no ha falseado su currículum.

La polémica, sin embargo, crece con los ataques de la oposición y el propio presidente de Portugal, que enfrenta este mes las elecciones que decidirán si resulta reelegido para otros cinco años, y que no duda en calificar de “lamentable” el caso.

José Guerra representa a Portugal en la Fiscalía Europea, un órgano independiente de la Unión encargado de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión, como fraude o corrupción.

Esta institución pretende suplir las carencias de las fiscalías nacionales, que cuentan con medios limitados para luchar contra la delincuencia trasnacional.

En la actualidad, veintidós Estados miembros participan en esta cooperación reforzada (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia).