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La prohibición de difundir imágenes de policías, vista por los jueces

La idea lanzada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, despierta discrepancias entre las diferentes asociaciones de magistrados

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Los jueces no se ponen de acuerdo con la última propuesta del gobierno de prohibir que durante el desarrollo de manifestaciones los periodistas puedan grabar y difundir imágenes de policías. La asociación judicial mayoritaria, la conservadora APM, considera que "existe una colisión entre el derecho a la información y el derecho a la protección de la propia imagen de los policías".

Jueces para la Democracia considera que "está claro que está habiendo una limitación del derecho de manifestación". Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria señalan que "nuestro derecho está perfectamente regulado y no se tienen que establecer restricciones".

eldiario.es ha trasladado el mismo cuestionario a las tres asociaciones.

¿Tiene encaje constitucional la propuesta de Interior de impedir la grabación de policías durante manifestaciones?

Maite Sáez (Asociación Profesional de la Magistratura): La grabación de imágenes es admisible constitucionalmente. La difusión la vemos más problemática. Existe una colisión entre dos derechos constitucionales: el derecho a la información y el derecho a la protección de la propia imagen.

Joaquim Bosch (Jueces para la Democracia): No tiene encaje constitucional. La jurisprudencia ya se ha pronunciado en el sentido reiterado de que debe primar el derecho a la información y el conocimiento de posibles excesos policiales. De llevar adelante la propuesta se estaría produciendo una sistemática indefensión pohibida por la Carta Magna.

José Luis González (Asociación Francisco de Vitoria): Entiendo que esa prohibición no tendría encaje constitucional. Se debe mantener el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Se puede utilizar cualquier tipo de dispositivo de grabación sobre todo cuando esas imágenes pueden ser un instrumento para comprobar la posible actuación irregular de un cuerpo policial.


2.-¿Está comprometido el derecho de manifestación en España?

Maite Sáez (APM): No creo que el derecho a la manifestación este comprometido si se mantiene la legislación actual.

Joaquim Bosch (JPD): Está claro que se están produciendo limitaciones al derecho de manifestación. Recortar ese derecho implica reducir la posibilidad de crítica a nuestras instituciones, uno de los pilares de nuestro estado constitucional. Este Gobierno está obsesionado en recortar derechos.

José Luis González (FV): Nuestro derecho está perfectamente regulado y no se tienen que establecer restricciones.


3.- Si el Gobierno quiere prohibir la grabación de manifestaciones, ¿cuál es el canal para regularlo?

Maite Sáez (APM): No es necesario reformar la Constitución. Bastaría con una ley orgánica que desarrollara el contenido del ejercicio de estos derechos y la solución de posibles conflictos de derechos en colisión. Aceptaríamos que se regule el derecho de información pero no que se elimine.

Joaquim Bosch (JPD): Ninguna ley podría prohibir que se difundiera un maltrato policial a un ciudadano porque esa ley sería inconstitucional.

José Luis González (FV): El Gobierno lo puede establecer a través de la publicación de una ley que posteriormente podrá ser recurrida ante el Constitucional.

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