El portavoz del PP en la Asamblea dice que el Gobierno regional es “ajeno” al pago de jueces

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha asegurado hoy que el Gobierno regional es “ajeno” al pago de jueces y secretarios judiciales a través de la empresa Indra, un procedimiento que considera “absolutamente legal” y “compatible” con la actividad judicial.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, Henríquez de Luna se ha referido a la información publicada ayer por el diario El País, según la cual el Gobierno regional mantiene desde 2011 un pacto con la empresa Indra para que pague a jueces y secretarios judiciales como asesores de un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados.

“Es ajeno al grupo parlamentario popular y al Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha sostenido.

El popular ha comentado que la Agencia de Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) adjudicó el contrato a Indra en un concurso público al presentar la oferta “más ventajosa”.

Según ha explicado, fue esta empresa la que posteriormente seleccionó 32 profesionales del ámbito judicial de un total de 1.600, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y organizaciones de jueces y magistrados, para “colaborar en la implementación y el desarrollo de estas aplicaciones informáticas”.

Con todo, el diputado ha comentado que se trata de un procedimiento “absolutamente legal” y “compatible” que en su opinión no afecta a la separación de poderes, y ha criticado a la oposición de la Asamblea de Madrid por hacer un “juicio político paralelo”.

“Pretender hacer de todo esto, como ha querido hacer la oposición, un gran caso de corrupción, es algo enormemente grave y que no tiene justificación”, ha apuntado.

Henríquez de Luna ha dicho que este contrato no es propio solo de la Comunidad de Madrid, ya que se ha llevado a cabo en otras comunidades desde que el Estado impulsó un convenio para desarrollar la ley reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación en la administración de la Justicia.

“La Comunidad de Madrid tenía la obligación de desarrollar lo que establecía la ley”, ha subrayado.

Por otro lado, el popular ha incidido en que estos pagos no son “primas ni sobresueldos”, sino que se trata de una “remuneración por un trabajo que han prestado algunos jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales” para el desarrollo de estas herramientas informáticas, una colaboración que ve “razonable”.

Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid han solicitado hoy la comparecencia del presidente regional, Ignacio González, y del consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, para dar explicaciones sobre estas posibles irregularidades, que los socialistas consideran un “atentado a la separación de poderes”.

“Es posible que estas recompensas sean legales, eso lo tendrá que determinar el Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto una investigación, pero desde el punto de vista político, ético, moral estético y democrático es absolutamente impresentable”, ha sostenido.

Además, ha señalado que le parece “sospechoso” que detrás de la adjudicación a Indra esté la Agencia de Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por ser la misma empresa del Gobierno regional que aparece relacionada en la “trama mafiosa” Púnica.

Por su parte, el portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha comentado que estos pagos le parecen una “actuación irregular con visos bastante claros de ilegalidad”.

Además, cree que es “curioso” que el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, cuya comparecencia también ha solicitado IU, justifique estos pagos cuando “anuló parte de las escuchas de trama Gürtel”.

“Esto atenta contra la separación de poderes del Estado, ya no sé si el Gobierno regional en sus ansias privatizadoras debe esta aspirando a que las togas de los jueces lleven pegatinas como los pilotos de Fórmula Uno para que los patrocinen”, ha añadido.

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha señalado que han pedido las comparecencias porque “es posible que haya irregularidades” y ha comentado que si la vía política no prospera no descartan acudir a la vía judicial.

Sobre este mismo asunto, el portavoz adjunto de UPyD, Ramón Marcos, ha dicho que puede haber una “situación de impunidad” al tratarse de pagos efectuados desde una empresa privada “de forma poco transparente, no clara y oculta, que se deciden desde la Consejería de Presidencia”.

“No hay control parlamentario ni judicial”, ha subrayado.