PP y Cs acuerdan separar de función pública cargos imputados por corrupción

PP y Cs han alcanzado un acuerdo en materia de “desarrollo y prosperidad” para el futuro gobierno de la Junta de Andalucía que prevé, entre otras medidas, la separación de cualquier cargo público que sea “imputado formalmente” por un delito de corrupción.

Según han informado hoy ambos partidos en un comunicado conjunto, el acuerdo prevé que la separación de los imputados de la función pública se realizará “hasta la decisión definitiva del órgano judicial, además de que ”las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos“.

El documento cita que pondrán en marcha el proyecto de ley de Despolitización de la Junta de Andalucía, “que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas”.

Además, acuerdan la “reducción de los altos cargos de la Junta de Andalucía a los estrictamente necesarios, que los altos cargos de la Junta de Andalucía tendrán dedicación exclusiva en su trabajo para todos los andaluces y no podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones”.

El acuerdo también prevé definir la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, diferenciada de los altos cargos, de carácter político, y establecer unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta de Andalucía.

“Todos ellos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos”, explica el documento, que muestra además un proyecto de ley andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude de la Corrupción.

Este proyecto debe recoger “la protección y la tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta ”.

También han acordado suprimir el Consejo Consultivo, cuya función será desarrollada por los servicios jurídicos de la Junta, y constituir un grupo de expertos “que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia”.

Otras medidas pasan por realizar una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, “así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales”.

El comunicado conjunto recoge la petición de creación en el Parlamento de Andalucía de la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (FAFFE), y el compromiso de promover la creación “de todas aquellas Comisiones de Investigación en el Parlamento de Andalucía que sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de los organismos de la Junta”.

También se comprometer a establecer “los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los eres”.

También establece que trabajarán para “la mejora y dignificación de las condiciones de trabajo y los derechos de los funcionarios de Justicia en Andalucía para garantizar un servicio público de calidad”, garantizando “la cobertura de bajas laborales de los funcionarios y trabajadores de la Administración de Justicia de Andalucía, así como los refuerzos necesarios en las distintas sedes judiciales” para “evitar los colapsos judiciales por falta de recursos humanos”.