El presidente luso envía al Constitucional el corte de las pensiones públicas

El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, decidió enviar al Tribunal Constitucional el decreto aprobado por el Gobierno que introduce un recorte del 10 % en las pensiones de los trabajadores públicos superiores a 600 euros al mes.

Según informó hoy la Jefatura del Estado, Cavaco Silva solicitó el parecer de los jueces para verificar que la norma se ajusta a los principios recogidos en la Carta Magna antes de sancionar su entrada en vigor.

El Ejecutivo luso, de signo conservador, defendió la necesidad de adoptar este nuevo ajuste a instancias de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entidades que le concedieron en mayo de 2011 su rescate financiero a cambio de un severo programa de reformas.

Con esta medida, aprobada en el Parlamento el 1 de noviembre y pendiente ahora del dictamen del Constitucional, el Gobierno del primer ministro, Pedro Passos Coelho, pretende dar un paso más hacia la convergencia entre las pensiones del sector público y las del sector privado.

El recorte contó con el apoyo de los dos partidos que conforman la mayoría conservadora en el poder -socialdemócratas y democristianos- pero generó un rechazo frontal en la oposición de izquierdas y los sindicatos.

De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, el corte en las pensiones públicas tendrá un impacto cercano a los 700 millones de euros.

Después de que Cavaco Silva optase por someter esta norma a la fiscalización previa del Constitucional, el Ejecutivo corre el riesgo de que ésta sea declarada ilegal, lo que le obligaría a plantear alternativas a la troika.

A pesar de que pertenece al mismo partido que el primer ministro, el presidente luso ha hecho públicas sus diferencias de criterio respecto a las políticas de austeridad en numerosas ocasiones.

De hecho, Cavaco Silva ya envió otros proyectos aprobados por el Gobierno al Constitucional, entre ellos el que facilitaba la salida de funcionarios (el pasado mes de agosto) o los Presupuestos Generales del Estado para 2013 (el pasado mes de enero), que incluían una reducción de las pagas extra a funcionarios y un impuesto extraordinario sobre la renta para todos los trabajadores.

Este Tribunal se ha convertido en protagonista de la vida política lusa durante los últimos años debido a sus sentencias, que han marcado los límites de la austeridad en Portugal invalidando recortes del gasto público por valor de varios miles de millones de euros.

De acuerdo con el reglamento, el Constitucional dispone ahora de 25 días para pronunciarse sobre la norma de convergencia de las pensiones.

El proyecto legislativo prevé un corte en las pensiones de jubilación e invalidez de los trabajadores del sector público de hasta el 10 % para aquellos que reciban más de 600 euros al mes, y una rebaja similar en el caso de los subsidios de viudedad que superen también esa cifra.

El Gobierno luso argumenta que es imprescindible reformar el cálculo de las pensiones de los funcionarios debido a que su importe hasta ahora depende sobre todo del sueldo obtenido en el último ejercicio de su actividad laboral, lo que derivó en la aparición de casos en los que fue aumentado de forma artificial.

En contraste, en el sector privado se utiliza una media salarial de los diez años con mejor sueldo de los últimos quince trabajados.