El presidente de la comisión sobre Fernández Díaz pidió a los grupos que obviaran un documento aportado por Podemos

El presidente de la comisión de investigación sobre el supuesto uso político del Ministerio del Interior bajo mandato de Jorge Fernández Díaz, Mikel Legarda, del PNV, alertó el pasado lunes a los miembros de la comisión de que no debían tener en cuenta para la elaboración de sus conclusiones un documento judicial sobre una pieza separada del caso del 'Pequeño Nicolás' aportado por Unidos Podemos a este órgano, ya que podría tratarse de documentación de carácter reservado.

En el escrito remitido a los grupos, al que ha tenido acceso Europa Press, Legarda explicaba que en el momento en el que Unidos Podemos remitió esa documentación al órgano que preside ésta “no tenía carácter público” y por eso solo podían disponer de la misma “exclusivamente” los miembros de la comisión.

Además, apuntaba que el juzgado que instruye el citado caso (número 35 de Madrid) había rechazado remitir a la comisión un testimonio requerido por ésta relativo a la causa por tratarse de documentación reservada, según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario “no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”.

Unidos Podemos remitió a la comisión ese documentación para fundamentar con su contenido su petición de que se ampliaran los trabajos de la comisión de investigación sobre el presunto uso partidista de Interior bajo mandato de Fernández Díaz.

Fuentes del grupo confederal han explicado a Europa Press que esa documentación puede servir para fundamentar que el inspector José Ángel Fuentes Gago, que fue jefe de gabinete del exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, habría mentido durante su comparecencia el pasado 5 de julio ante la comisión.

PODRÍA HABER MENTIDO

Fuentes Gago era investigado en la pieza separada del caso del 'Pequeño Nicolás' a la que pertenece el documento aportado por Unidos Podemos y que se archivó tres días después de su comparecencia en el Congreso. Por eso piden que esta información se tenga en cuenta para valorar su petición de que se prorroguen los trabajos de este órgano ante la posibilidad de que hubiera que volver a citar al policía.

En su escrito, el presidente de la comisión recalca a los comisionados que valoren la documentación aportada por Unidos Podemos sólo a estos efectos y que en ningún caso la utilicen para sus conclusiones sobre el trabajo de la comisión.

“Se recuerda a los miembros de la Comisión, y hasta tanto se examine la petición del Grupo Parlamentario que las aporta para la prolongación del tiempo de trabajo de la comisión, que si efectivamente coincidiese con documentación obrante en las Diligencias Previas 4676/2014, su revelación podría acarrear la responsabilidad correspondiente”.

Este miércoles, en un escrito dirigido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, acusaba a la vicepresidenta cuarta de la Cámara y miembro de Unidos Podemos en la comisión de investigación, Gloria Elizo, de haberse valido de la personación de su partido en esa causa para obtener la documentación que el Congreso pidió al juzgado y que éste denegó.

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, pedía a Pastor en esa misiva que tomara medidas porque, según su argumento, Elizo no sólo utilizó esa información en su interrogatorio a Fuentes Gago en su comparecencia del pasado 5 de julio, sino que la aportó también a la comisión para que todos los grupos pudieran conocerla.

Por contra, en declaraciones a Europa Press, Elizo ha negado que la información que ha aportado a la comisión tenga carácter secreto y ha remarcado que las preguntas que formuló a Fuentes Gago tenían como base datos publicados en prensa.

INFORMAR AL CGPJ Y AL JUZGADO

En el escrito remitido a Pastor, el PP también pedía que se diera cuenta de este asunto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que a su ver informara al juzgado que instruye el caso del 'Pequeño Nicolás' a los efectos que estimaran oportunos.

En este punto, el PP recordaba que, según la legislación vigente, el “abogado o procurador de cualquiera de las partes” incursas en un proceso “que revelare indebidamente el contenido del sumario” puede ser “corregido con multa de 500 a 10.000 euros”.