El presidente de Murcia declara mañana como investigado en el caso Auditorio

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está citado a declarar mañana como investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el caso Auditorio, de supuesta corrupción urbanística, que ha provocado una crisis política que puede llegar a moción de censura.

Sánchez deberá comparecer a las 10 de la mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a causa de una investigación sobre un auditorio que comenzó a construirse en la localidad de Puerto Lumbreras en la etapa en la que era alcalde. El edificio quedó a falta de más de un tercio para su conclusión tras invertirse en él seis millones de euros de subvención del Gobierno regional.

La defensa del presidente de Murcia -que ejerce el decano del colegio murciano de abogados, Francisco Martínez-Escribano- se centrará en que no se cometió ningún ilícito penal en el proceso que dio lugar al origen, licitación, adjudicación, construcción y recepción del auditorio.

Según la defensa del presidente, lo que hubo a lo sumo fue un error administrativo en la justificación documental del destino de la subvención autonómica.

Como todos los delitos de los que se acusa a Sánchez están calificados expresamente como corrupción en la ley autonómica de Transparencia -salvo el de falsedad en documento oficial-, Ciudadanos ha roto el pacto de Gobierno que permitió la investidura de Sánchez, en el que figuraba el compromiso de dimitir si era imputado. Ciudadanos abrirá negociaciones con el PSOE este miércoles.

El TSJM ha citado a Sánchez como investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El tribunal computa 1,8 millones de euros que no se destinaron al pago de la obra entre 2006 y 2010 y sostiene, entre otras muchas irregularidades, que hay gastos e IVA duplicados en la obra certificada.

También apunta que se autorizó una certificación de 2,2 millones sin justificar y que la obra fue dada por recibida, a falta de la construcción del 38 %, con el visto bueno de Sánchez, que declaró las construcciones “en buen estado y conforme a las prescripciones previstas”.

El Tribunal Superior de la Región de Murcia deberá también enjuiciar a la veintena de imputados en el caso, entre ellos los concejales que aprobaron en 2006 el concurso para la construcción del auditorio, funcionarios municipales y autonómicos y el arquitecto autor del proyecto.

En declaraciones a Efe, el presidente autonómico se ha reconocido sereno de ánimo y, aunque ha preferido no entrar en los detalles del proceso por respeto a la justicia, ha indicado que no descarta “presentar nuevos informes, complementarios de los que ya figuran en la causa, que reforzarán” lo que ha sostenido “siempre, en el sentido de que no se cometió delito alguno”.

El acto de mañana dará comienzo con el interrogatorio de las acusaciones, que abrirá el nuevo fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera. Al fiscal le seguirán las preguntas que puedan hacerle las demás defensas personadas en la causa, y el interrogatorio concluirá con el letrado de Sánchez.

En la jornada de hoy, unas 3.000 personas han pedido en una manifestación la dimisión de Sánchez “por decencia”, según un manifiesto que han leído al término de la marcha, convocada por la recién creada Plataforma Ciudadana Anticorrupción.

En el recorrido, que ha finalizado frente al palacio de San Esteban, sede de la presidencia autonómica, han participado dirigentes regionales del PSOE y de Podemos a título personal.