La Procuraduría fija en USD23 millones reparación por caso que salpica a Correa

La Procuraduría General de Ecuador fijó este lunes en 23,3 millones de dólares la reparación integral al Estado por el caso “Sobornos 2012-2016”, que salpica al expresidente Rafael Correa por la presunta financiación ilegal de su partido a cambio de contratos públicos.

En un comunicado, la Procuraduría informó que expuso hoy en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la fundamentación de su acusación particular en el caso y que se ratificó en la acusación por el delito de cohecho agravado, que es “imprescriptible y juzgable en ausencia”.

El procurador, Iñigo Salvador, también fijó como monto de reparación integral el pago de 23,3 millones por los delitos cometidos en la financiación ilegal del movimiento Alianza País cuando Correa estaba al frente del mismo.

Entre los 24 procesados están, además de Correa, el exvicepresidente Jorge Glas Espinel -en prisión por otro expediente-, y otros altos exfuncionarios de la administración pública como Vinicio Alvarado Espinel, María de los Ángeles Duarte Pesantes, Alexis Mera Giler, Viviana Bonilla Salcedo y Walter Solís Valarezo.

También hay presuntamente implicados varios empresarios y contratistas del Estado.

La acusación particular fue presentada el 28 de agosto y el procurador ha reiterado ante al Corte cada uno de los elementos del cohecho agravado.

Según Salvador, los funcionarios públicos cometieron ese delito y existió un grupo adicional de empresarios que les “ofrecían los sobornos y estos últimos a cambio entregaban contratos y convenios de pago”.

El líder de la trama -indicó el Procurador- era Correa, quien designaba como ministros o secretarios de Estado a personas de su absoluta confianza, y “no es fortuito el hecho de que estas personas giraron siempre en torno a Correa y ocuparon cargos de alta responsabilidad de manera cíclica, consecutiva y recurrente”.

“Es evidente que la vinculación de estos altos funcionarios, en varios momentos, con carteras de Estado altamente proclives a la celebración de cuantiosos contratos de obra pública y que, además eran directivos del movimiento político Alianza País, garantizaba la lealtad al líder del esquema delincuencial, Correa”, afirmó el procurador.

También expuso los mecanismos a los que recurrieron los presuntos implicados, como “la utilización de códigos secretos de reconocimiento y ocultamiento de sus verdaderas identidades” o “el cruce de facturas” entre ellos y terceras personas que proveían al movimiento Alianza País de servicios relacionados con su actividad política, “a fin de ocultar la participación de los altos funcionarios y evadir todo control estatal”.

O el hecho de que “los dineros provenientes de los sobornos eran entregados en efectivo, dentro de sobres, a fin de evitar que su procedencia y destino fueran rastreados a través del sistema financiero y tributario”.