Los profesores boicotean las pruebas para medir su capacidad en Portugal

La jornada de exámenes para el profesorado en Portugal, celebrada hoy, se vio afectada por huelgas y boicots convocados por los propios docentes lusos, que rechazan tener que someterse a una prueba para justificar su capacidad para dar clases.

El Ministerio de Educación reconoció la existencia de “incidentes” y “perturbaciones” en varios centros, por lo que anunció que se facilitará otra fecha para aquellos profesores -sólo están convocados los que todavía no tienen plaza y que, por tanto, no son funcionarios- que no hayan podido realizar el test.

El principal sindicato luso del sector educativo, el Fenprof, se felicitó por el éxito de la huelga convocada para hoy, ya que cientos de docentes no pudieron completar la evaluación debido a la falta de profesores que controlasen las clases donde se realizaban los exámenes.

En varios puntos del país, pequeños grupos de manifestantes impidieron el paso a las aulas destinadas a estas pruebas o las invadieron una vez que ya habían comenzado, invalidando su resultado.

Estos últimos incidentes fueron tachados de “inaceptables” por el secretario de Estado de Enseñanza Primaria y Secundaria, Joao Grancho, quien incidió en los beneficios de la llamada Prueba de Evaluación de Conocimientos y Competencias.

“El examen pretende comprobar que se cumplen los requisitos mínimos para impartir cualquier disciplina en todos los niveles de enseñanza”, defendió Grancho, quien insistió en que su objetivo último es garantizar “que sean los mejores los que den clase en los colegios portugueses”.

En principio están llamados a estos exámenes un total de 13.000 profesores, que serán calificados con una puntuación de entre cero y cien.

Actualmente, cerca de 160.000 docentes se encargan de la enseñanza pre-escolar, infantil y secundaria en Portugal, según estadísticas oficiales.

De estas evaluaciones están exentos aquellos profesionales que, pese a no tener una plaza en un centro educativo, han ejercido la profesión durante más de cinco años, normalmente a través de contratos temporales suscritos directamente con la escuela que necesite de sus servicios.