La nueva ley de protección condiciona la venta de perros y gatos en las tiendas

La Asamblea de Madrid ha aprobado hoy la nueva ley de protección de animales de compañía en la Comunidad, que condiciona la venta de perros y gatos físicamente en las tiendas y da prioridad a su adquisición por catálogo.

El proyecto de ley, elaborado por el Gobierno regional, había sido modificado por la oposición a su paso por la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea para prohibir la venta de mascotas físicamente en las tiendas.

Finalmente, todos los grupos parlamentarios han pactado una enmienda transaccional en la que determinan que la adquisición de perros y gatos “se deberá realizar por catálogo y medios similares que no requieran la presencia física de los animales en la tienda”.

Sin embargo, esta enmienda puntualiza que el Gobierno regional podrá autorizar la presencia de perros y gatos en aquellos centros de venta que cumplan las condiciones de salubridad y espacio que se determinen reglamentariamente en el plazo de seis meses a partir de la aprobación de la ley.

Cuando se conozcan dichas condiciones, las tiendas tendrán un plazo máximo de dos años para adaptarse.

En el caso de otros animales de compañía como peces, reptiles, roedores, conejos, hurones y pájaros de jaula criados en cautividad, la venta estará permitida físicamente en tienda siempre que éstas cumplan con los requisitos que se fijen también por reglamento para cada especie en el plazo de dos años.

La ley determina que los animales destinados a la venta no se podrán exhibir en escaparates o zonas expuestas a la vía pública y sólo podrán adquirirlos personas mayores de edad que no estén incapacitados, o menores de 16 años con autorización de quien tenga su custodia o tutela.

El objetivo principal de esta ley es “lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los animales de compañía” a través de medidas como el fomento de la tenencia responsable, la lucha contra el abandono y el fomento de la adopción.

Entre otros aspectos, prohíbe el sacrificio de los animales de compañía “excepto por motivos de sanidad animal, de seguridad de las personas o animales, o de existencia de riesgo para la salud pública o medioambiental”.

No en vano, esta ley empezó a redactarse la pasada legislatura para dar respuesta a la Iniciativa Legislativa Popular de la asociación protectora El Refugio que pedía el sacrificio cero.

Hasta ahora, los centros de acogida de animales podían practicar la eutanasia a los ejemplares abandonados en un plazo de entre 10 y 19 días desde su recogida.

La ley prohíbe dar a las mascotas una educación agresiva o violenta, regalarlas como premio o reclamo publicitario o mantener a los animales atados o encerrados en condiciones que puedan suponer sufrimiento o daño para ellos.

También regula la cría y comercialización de mascotas, así como la participación de éstas en ferias, concursos y otras actividades.

El texto aprobado contempla multas de entre 300 y 45.000 euros en función de las infracciones.

Entre las muy graves están precisamente el sacrificio con los fines no autorizados, el maltrato y el abandono de animales.

Quedan excluidos de esta ley los animales utilizados en espectáculos taurinos y la fauna silvestre, así como los animales de producción, los de parques zoológicos y los utilizados con fines experimentales, que se regirán por su legislación específica.

En un principio, la proposición recogía una disposición adicional para prohibir el tiro de pichón que se ha eliminado con una enmienda pactada por el PP y Ciudadanos al considerar que al no ser un animal de compañía deberá estar regulado en una norma sectorial propia.

El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha dicho en su intervención en el Pleno que es una ley “pionera” que “no tiene nada que envidiar a las normativas de países más avanzados en la materia como Alemania o Reino Unido”.

“Con este texto logramos hacer coincidir el sentimiento de la sociedad con la regulación legal”, ha sostenido.

Los diputados de PSOE-M y Podemos Rafael Gómez Montoya y Alejandro Sánchez, respectivamente, han coincidido al destacar que antes de procurar el sacrificio cero había que trabajar para conseguir el “abandono cero”, algo que creen que el proyecto no perseguía inicialmente.

Desde Ciudadanos, la diputada Ana Rodríguez ha comentado que era “necesario” actualizar la anterior normativa de protección de animales en la Comunidad, de 1990.

Por su parte, la diputada del PP Elena González Moñux ha comentado que el abandono de perros y gatos no radica en su venta física en las tiendas, como señaló en un principio la oposición, sino que es fruto de la venta ilegal entre particulares a través de Internet.