PSE defiende el sistema público de pensiones y se opone a cualquier intento de poner en peligro la unidad de caja

Los socialistas vascos realizan estas reflexiones en su programa, cuando se les ha acusado, por parte de los partidos de la derecha, de pretender la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, al comprometerse a negociar con el Gobierno Vasco la transferencia de su gestión económica, competencia que contempla el Estatuto de Gernika.

El PSE-EE que, en numerosas ocasiones, ha destacado que el traspaso de esta transferencia no supone la ruptura de la unidad del sistema, afirma, en su documento, que “uno de los principales elementos de cohesión social es la defensa de un sistema público de pensiones que garantice a las personas mayores la suficiencia de ingresos para mantener una vida digna”.

“Aunque es una cuestión que excede del ámbito de actuación de un futuro Gobierno Vasco, que ni tiene ni va a tener las competencias para hacerse cargo del sistema, siempre ha formado parte de nuestro programa electoral, porque afecta directamente a una cuarta parte de la población vasca, los más de medio millón de pensionistas, y al conjunto de la sociedad, por quienes se van a jubilar en los próximos años y porque no hay sociedad decente si no preserva la suficiencia de recursos de sus ciudadanos”, asevera.

En este sentido, apunta que se trata de una “reflexión histórica del socialismo”, que supieron “levantar este sistema público incluso en durísimas condiciones económicas en los años 80”. “Supimos preservarlo y mejorarlo en la crisis más reciente, y ha tomado especial fuerza de forma reciente, con la movilización histórica de los pensionistas vascos que nació con una reclamación clara e inequívoca: revalorización y garantía del sistema público”, añade.

SIN PRIVATIZACIÓN

En este sentido, el PSE-EE se compromete a que el futuro Gobierno “tenga un liderazgo para acompañar esa reivindicación con un discurso igualmente claro e inequívoco en favor del sistema público de pensiones, que despeje cualquier propuesta de privatización, y que descarte cualquier intento de poner en peligro la unidad de caja”.

A su juicio, esta es “la garantía de que nuestros mayores actuales, y quienes prevén jubilarse en los próximos años, tengan unos ingresos dignos que preserven los derechos adquiridos durante décadas de cotización”.

El partido dirigido por Idoia Mendia se compromete, además, “a seguir fomentando las condiciones para la creación de un empleo digno, que es el que permite elevar las cotizaciones para sufragar las pensiones de hoy, y ganar derechos para las pensiones de mañana, así como reforzar todas las formas de inspección laboral para evitar fraudes que acentúen la brecha salarial por género y la brecha generacional por pensión”.

DIÁLOGO SOCIAL

El programa de los socialistas vascos aborda, además, entre otras cuestiones, la cuestión del Diálogo Social y la negociación colectiva, “como motores del empleo de calidad/trabajo decente”.

El PSE-EE recuerda que en enero de 2019 se produjo “un hito histórico” en el Diálogo Social en Euskadi, tras haberse “iniciado en el Gobierno presidido por Patxi López, con la aprobación del Decreto de creación de la Mesa de Diálogo Social”.

“La institucionalización del diálogo social, planteado sin vetos ni exclusiones y como espacio permanentemente abierto de concertación de las políticas socioeconómicas, es generador de empleo y mejora las condiciones laborales, evitando la precarización del mismo”, indica.

A su juicio, este foro es el adecuado “para concertar las políticas de igualdad, las de empleo, el establecimiento de las bases para el desarrollo de la Ley de Formación Profesional, la implementación de los principios de la formación a lo largo de toda la vida, la salud laboral y las políticas para una transición justa de la industria 4.0”.

Asimismo, los socialistas consideran que “el acuerdo y el consenso, a través del diálogo social, tripartito y bipartito, constituye el modelo fundamental, no solo para la mejora de las condiciones laborales, sino también para la mejora de la competitividad de las empresas y el aumento del bienestar de la sociedad en general”.

Para la formación de Mendia, el Diálogo Social constituye “un elemento de profundización democrática al extender la participación de los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, en el diseño y planificación de políticas públicas y en el establecimiento de condiciones de trabajo justas”.

Por ello, se compromete a mantener esta mesa “como el marco de negociación y consenso con los agentes sociales de las políticas socioeconómicas y a reforzarlo a través de acuerdos concretos con plasmación, en su caso, presupuestaria”.

También apuesta por presentar, de forma consensuada con agentes sociales y fuerzas políticas, una Ley de Participación Institucional, “que regule de forma integral el diálogo permanente entre administración pública y organizaciones sindicales y empresariales en la construcción de políticas públicas”. De esta forma, pretende que “sea un mecanismo de profundización democrática a través de la participación de estos en la vida política, económica, cultural y social”.

RELACIONES LABORALES

El PSE-EE se plantea ir hacia un modelo renovado de relaciones laborales. En esta línea, cree que la participación de los trabajadores en la empresa obliga a estas “a mejorar sus niveles de transparencia y vincula al trabajador con la organización”.

De esta forma, apuesta por avanzar hacia un modelo de Relaciones Laborales “más colaborativo”, de forma que se pongan en marcha “nuevas formas de canalizar el conflicto, entre las que se encuentra la participación de los trabajadores en la empresa”.

En su opinión, “el enquistamiento y carácter confrontativo de las relaciones laborales en Euskadi se está manifestando como una rémora para avanzar y seguir creciendo en un entorno global muy exigente con las empresas”. Por ello, cree “imprescindible avanzar desde ese esquema de confrontación hacia una dinámica de colaboración”.

En este sentido, apuesta por la transparencia, la comunicación y la participación presidan estas relaciones porque son “instrumentos consustanciales para conseguir unas condiciones laborales equitativas, que son la base de esa empresa ética y competitiva”.

Los socialistas se comprometen con el desarrollo de los principios incluidos en la “Declaración de Oñati”, el decálogo presentado en abril de 2019 por el Departamento de Justicia y Trabajo, como contribución a la Iniciativa de la OIT sobre el Futuro del Trabajo, con el fin de avanzar hacia un modelo de relaciones laborales “más cooperativo y dinámico”.

El PSE-EE subraya que esto garantizará que esté “orientado a la calidad del empleo, la cualificación profesional y la adecuación permanente de competencias”, e impulsará la negociación colectiva y asumirá como objetivo central la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Para los socialistas, “no puede haber justicia social si no hay justicia fiscal” y, entre otras medidas, se plantea “volcar” los recursos en la lucha contra el fraude laboral, a través de la Inspección de Trabajo, con un plan interno y externo que reorganice el servicio e incremente el número de inspectores e inspectoras.

También quiere seguir desarrollando el Plan de lucha contra el fraude laboral que en la última legislatura “ha permitido detectar y convertir cerca de 13.000 contratos de temporales a fijos y de jornada parcial a jornada completa”.