PSOE, PP y Ciudadanos acuerdan que la comisión del Pacto Antitransfuguismo se reúna de nuevo después de diez años

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE, el PP y Ciudadanos han acordado, a propuesta de este último partido, convocar “con carácter de urgencia” una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, que lleva diez años sin reunirse, con el fin de “abordar la lucha contra las prácticas antidemocráticas utilizadas para alterar por la puerta de atrás las mayorías expresadas por los ciudadanos en las urnas”.

Así lo ha explicado Cs en un comunicado al término del encuentro mantenido este miércoles en el Congreso de los Diputados, cuyos participantes han coincidido en “la necesidad de que los partidos políticos sean ejemplares y contundentes” contra aquellos cargos electos que se convierten en tránsfugas.

Los socialistas, los 'populares' y la formación naranja consideran que esta práctica supone “una lacra para las instituciones y para la democracia” en la que los máximos perjudicados terminan siendo los ciudadanos, que “ven quebrada la voluntad popular en un mercadeo inaceptable”, según dice la nota.

Al encuentro, convocado por Ciudadanos, han asistido la secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo; el diputado socialista y vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; la secretaria de Política Local del PP, Raquel González; y el vicesecretario general primero y el vicesecretario adjunto de Cs, Carlos Cuadrado y José María Espejo-Saavedra, respectivamente.

El partido naranja ha expresado su satisfacción por que hayan acordado “abordar cuanto antes una práctica deleznable como es la del transfuguismo”. Se trata de “una forma de corrupción que en los últimos días ha vuelto a salpicar a municipios importantes de nuestro país, erosionando la estabilidad de gobiernos en un momento delicado como el actual”, en medio de la crisis del coronavirus“, ha añadido.

Cs QUIERE ACTUALIZAR EL PACTO Y REFORMAS LEGISLATIVAS

Con vistas a la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, Ciudadanos espera que los partidos procedan a la actualización y renovación de ese acuerdo “para acabar con los incumplimientos reiterados que acumula”.

Además, apuesta por impulsar reformas legislativas para “garantizar que el tránsfuga no pueda verse recompensado por estar dispuesto a alterar las mayorías y que los partidos no puedan sacar tajada de esta situación comprando voluntades”, porque, según señala, “los votos de los ciudadanos en las urnas no pueden comprarse en los despachos”.

Recientemente, la formación presidida por Inés Arrimadas ha sufrido un caso en Málaga y otro en Santa Cruz de Tenerife. En Málaga, Juan Cassá dejó Ciudadanos en mayo y pasó al grupo de no adscritos tanto en el Consistorio de la ciudad como en la Diputación provincial, y después fue designado portavoz del Gobierno del PP y Cs en esta segunda institución pese a la oposición de su antiguo partido.

En la capital tinerfeña, la concejal Evelyn Alonso ha sido expulsada de C por sumarse a una moción de censura, junto a Coalición Canaria y el PP, contra la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández. Alonso se perfila ahora como la futura responsable de Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente en el Ayuntamiento.

LOS COMPROMISOS CONTRA LOS TRÁNSFUGAS

En el Pacto Antitransfuguismo, suscrito en 1998 y modificado posteriormente en 2000 y 2006, todos los partidos firmantes apuestan por combatir este “condenable fenómeno de deslealtad política” en las entidades locales.

Se considera tránsfugas a aquellos representantes que, “traicionando a sus compañeros” de lista electoral o grupo institucional, “apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado” por su partido o habiendo sido expulsados del mismo, pactan con otras fuerzas políticas para “cambiar o mantener la mayoría gobernante” o bien “dificultan o hacen imposible” que esa mayoría gobierne

Los partidos que suscribieron el pacto se comprometieron a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o a cualquier otro cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original.

Asimismo, acuerdan impedir la utilización de tránsfugas para “constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno” de las instituciones, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos y a “desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario”.

También rechazan ofrecer a los tránsfugas las llamadas “plusvalías del disidente” --mejorar sus derechos económicos y políticos-- e integrarlos en los equipos de gobierno.