Se reabre por cuarta vez la causa de un atentado con 4 muertos en Madrid

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez la reapertura, por cuarta vez, de un atentado con coche bomba perpetrado en Madrid en 2000 en el que murieron un magistrado del Supremo y otras tres personas, así como que se tome declaración a cuatro etarras como posibles responsables del ataque.

En un auto del pasado 29 de julio, al que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de la Sala de lo Penal ordena al juez José de la Mata, a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, reabrir por cuarta vez este sumario, que había cerrado por falta de pruebas.

De esta manera, obliga al juez a practicar las diligencias que le pedía la AVT y tomar declaración por estos hechos a los presos etarras Iván Apaolaza Sancho (en la cárcel de Albolote), Ana Belén Egües Gurrutxaga (Córdoba), Gorka Palacios Alday (Francia) y Juan Luis Rubenach (Francia).

En cumplimiento de esta decisión, De la Mata acuerda en otro escrito, del 18 de agosto, citar a Apaolaza y Egües el próximo día 28 para que, por videoconferencia, se les informe de esta nueva causa contra ellos, y también libra una comisión rogatoria a Francia para que sus autoridades hagan lo propio con los otros dos etarras, presos allí.

La AVT considera a estas cuatro personas responsables del atentado con coche bomba que el 30 de octubre de 2000 acabó con la vida de cuatro personas en Madrid: el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, su escolta Jesús Escudero, su conductor Armando Medina y el conductor de la EMT Jesús Sánchez Martínez.

Según la asociación, existen pruebas que vinculan con la acción terrorista a los cuatro miembros del comando Buruhauste y que van más allá de la declaración de Egües, quien en su día confesó ante la policía que había participado en el ataque junto a sus compañeros de grupo.

En esa declaración, de la que luego se retractó ante el juez, la etarra reconoció que pertenecía al comando y confesó la existencia de un piso en Salamanca que ocupaba con los otros tres etarras, donde habían confeccionado la bomba que luego metieron en el coche que hizo explosión en Madrid.

Dijo que prepararon la bomba en una olla y que la información sobre el objetivo del atentado la elaboraron sus compañeros de comando.

Este caso se archivó en 2003 por falta de autores conocidos, pero en 2006 se reabrió y unos meses después se volvió a cerrar.

Ocho años después, en 2014, se abrió de nuevo para tratar los restos del coche bomba y en 2015, a petición de la AVT, se volvió a abrir y se acordaron una serie de diligencias periciales.

El pasado enero el juez De la Mata decidió archivarlo otra vez por falta de pruebas, hasta que ahora la sala le ha obligado a tomar declaración a los etarras y luego pronunciarse sobre su procesamiento, tal y como han pedido las víctimas.

La AVT pidió la reapertura del caso a raíz de una lista de matrículas de coches que formaba parte del sumario de otra causa de ETA y en la que aparecía la anotación de la matrícula del coche bomba de Madrid de mano de Egües.

Esta etarra fue detenida gracias a la colaboración de un “héroe anónimo” que la siguió con su vehículo, tras atentar en el 2001 contra el subsecretario de Estado de Policía Científica, Juan Junquera, hechos por los que ya ha sido condenada a 1.042 años de cárcel.

La etarra, quien en las fechas en las que se produjo el atentado era concejal de HB, fue la persona que alquiló el piso franco que los miembros del comando Donosti dejaron abandonado en Andoain (Guipúzcoa) en 1999 y donde fue encontrado el revólver empleado en este asesinato.

En marzo de 2014, la Audiencia Nacional condenó a estos cuatro etarras a penas de entre 120 y 129 años de cárcel por el asesinato del teniente coronel del Ejército español Pedro Antonio Blanco en 2000, un atentado que rompió la tregua decretada por ETA dos años antes.