Rechazan el pedido de prisión preventiva contra miembros del partido de Castillo

Lima, 14 jul (EFE).- El Poder Judicial de Perú rechazó este miércoles el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra 20 investigados por presuntamente integrar una organización criminal que tenía entre sus miembros a militantes del partido izquierdista Perú Libre, del virtual presidente electo Pedro Castillo.

La magistrada Judy Baldeón, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, determinó que no existen suficientes elementos “graves y fundados” para atender el pedido del Ministerio Público, que había solicitado 36 meses de cárcel preventiva contra 20 de los 38 implicados en el caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”.

En él están involucrados diversos militantes del partido Perú Libre por presuntamente haber organizado una red de cobro de coimas a cambio de otorgar licencias para conducir en la región de Junín.

VÍNCULOS CON PERÚ LIBRE

En concreto, la acusación fiscal sostiene que esta presunta red criminal operaba desde 2012 en la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno regional de Junín y se dedicaba a tramitar ilícitamente licencias de conducir a cambio de sobornos o apoyo económico para campañas políticas.

En la audiencia celebrada este miércoles, la representante del Ministerio Público, Vivian Villaverde, insistió en el supuesto vínculo político entre “Los Dinámicos del Centro” con el fundador y dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el mismo partido, por el que postuló a la Presidencia Pedro Castillo.

El propio Cerrón fue gobernador regional de Junín en 2019, aunque salió del cargo por una serie de acusaciones que se saldaron con una condena por corrupción.

LOS IMPLICADOS

Entre los investigados por el caso de “Los Dinámicos del Centro” figuran Arturo Cárdenas, el prófugo secretario nacional de Perú Libre, y José Eduardo Bendezú y Waldys Romualdo, excandidatos por la misma agrupación en Junín y Pasco, respectivamente.

También está la dirigente de Perú Libre en Junín, Marina Vásquez, quien fue detenida a principios de julio bajo la acusación de que, desde su cargo de jefa de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Transportes de esta región, habría autorizado la contratación de militantes y simpatizantes del partido, y el despido de los trabajadores que no tenían vínculo con la organización.

Sobre el caso concreto de Vásquez, la magistrada Baldeón sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía “revelarían la presunta comisión del ilícito penal que amerita investigación, pero no graves y fuertes sospechas para aplicar una sanción tan drástica”.

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

Esa falta de “graves fundados elementos de convicción” sirvió a la letrada de argumento para rechazar la medida de prisión preventiva contra los 20 investigados.

Además, Baldeón descartó que haya peligro procesal al no haber sospechas del delito de organización criminal y desestimó también que haya peligro de fuga en los imputados por los delitos de cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

Sin embargo, la magistrada dispuso comparecencia con restricciones para los investigados, que deberán firmar mensualmente ante la sede judicial y quedarán prohibidos de cambiar de domicilio sin previo aviso a las autoridades.

También estableció un pago de caución de 5.000 soles (1.250 dólares), que los imputados deberán abonar en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Al fin de la audiencia, el Ministerio Público indicó su disconformidad con la decisión judicial y avanzó que interpondrá una apelación.