Una rectificación o la compensación, vías de Bolivia en su litigio ante Chile

La rectificación de la postura de Bolivia o una compensación por parte de Chile son posibilidades que se advierten en medio de la polémica sobre si desde el lado boliviano se ha admitido en La Haya que parte de las disputadas aguas del Silala van hacia su vecino naturalmente.

El litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue instaurado primero por Chile en 2016, pero en 2018 Bolivia respondió con una contrademanda y hace unos días tuvo un giro drástico después de un comunicado del Ministerio de Exteriores boliviano.

La nota asegura que el Gobierno de Evo Morales supuestamente admitió que parte del recurso hídrico sobre el que Bolivia reclamó total soberanía también corresponde a Chile, algo que podría modificar los argumentos bolivianos y que el país vecino podría usarlo a su favor.

EL PEDIDO DE RECTIFICACIÓN

El diputado Víctor Borda, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, mencionó a Efe que la difusión de ese comunicado fue algo “inoportuno” e “inadecuado” cuando el litigio está en curso en la corte de Naciones Unidas.

Borda apuntó que ese “reconocimiento taxativo y expreso” que hizo la Cancillería se contrapone a los “antecedentes fácticos y jurídicos”, que a su juicio “destrozan” la tesis chilena que plantea de que las aguas del Silala forman un río internacional de uso compartido.

Algunos de esos argumentos son la concesión que otorgó Bolivia del uso del agua a principios del siglo pasado y que feneció en la década de 1990, canalizaciones artificiales como los acueductos que conducen las aguas hacia Chile o el preacuerdo que en 2009 debía firmarse entre ambos países cuando Morales y Michelle Bachelet gobernaban.

“Realmente, en este momento, esta demanda está muy compleja y difícil”, admitió Borda, que junto a otros legisladores de su partido pidió que el Parlamento boliviano interpele a la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, para que explique las razones de la publicación.

La posición de Borda es que después de la interpelación el Gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez pueda “rectificar” lo que mencionó en el polémico comunicado, que Chile consideró una “buena noticia”.

ACUSACIÓN DE TRAICIÓN A LA PATRIA

La postura es diferente en la alianza parlamentaria Unidad Demócrata (UD), que respalda al Gobierno de Áñez y que inclusive ha llegado a acusar de “traición a la patria” a Morales, a algunos de sus excancilleres y al exagente boliviano ante la corte de La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé.

El diputado demócrata Gonzalo Barrientos dijo a Efe que el comunicado se enmarca en una actitud de “denuncia en función de los intereses de la patria” y no por la época electoral que vive el país, en contra de lo que denuncia Borda.

“El argumento que hemos tenido como Estado boliviano ha sido el de manifestar que las aguas del Silala fluyen hacia Chile de manera artificial”, recalcó el legislador que también representa a Potosí, la región boliviana donde nace este cauce.

Barrientos se mostró también partidario de una reconducción de la causa en el tribunal internacional, aparte de que se determinen responsabilidades y que asuman las consecuencias del supuesto acto de traición.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Para el especialista boliviano en temas internacionales Andrés Guzmán la situación no es “tan grave”, porque el reconocimiento que hizo Bolivia “era algo que se conocía” en Chile desde que se presentó la contrademanda en 2018.

“No había sido un anuncio tan explícito y tan claro como se ha hecho ahora en la Cancillería”, declaró a Efe el experto, al precisar que mucha gente que seguía el litigio ya manejaba esa información.

“Hay una parte del juicio que efectivamente ya no vamos a discutirla, porque Bolivia ha reconocido la tesis chilena (...), pero por otra parte hay mucho que discutir”, apuntó.

Para Guzmán, el sentido de la argumentación boliviana no está ya en sostener la propiedad total de las aguas del Silala, sino en probar que Chile no hace un uso “equitativo y razonable” de esos recursos hídricos.

Esto podría basarse en que el agua del Silala que usa Chile va destinada a empresas y no a la población de la zona, que gran parte está conducida artificialmente hacia ese territorio y que la mayoría no la ha usado Bolivia y merece una compensación económica.

La controversia por las aguas del Silala se suma a la reivindicación marítima boliviana, que fue llevada por Bolivia ante la corte con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.

En 2018 ese tribunal determinó que Chile no tiene ninguna obligación legal de dialogar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico, que este país perdió en una contienda a finales del siglo XIX ante tropas chilenas.

Los reclamos por el acceso al mar y por el uso de las aguas del Silala tensan las relaciones entre ambos países desde hace décadas.

Gabriel Romano