Las reformas legales elevan a más de cien mil las condenas sin prisión, frente a los 50.600 internos en cárceles

Según las estadísticas que maneja la Secretaría General dependiente del Ministerio del Interior, las personas ingresadas en centros penitenciarios de la Administración del Estado apenas superaba los 50.600. Sin embargo, los mandamientos judiciales sin privación de libertad fueron más de 100.036. Se trata de datos a fecha de 30 de septiembre de 2018.

Instituciones Penitenciarias habla de “vuelco en las cifras” y lo relaciona directamente con las sucesivas reformas del Código Penal y, en especial, con la introducción de la suspensión de la condena supeditada a la realización de tratamientos.

La mayoría de las condenas sin privación de libertad, 81.900, fueron Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) o tareas de utilidad pública, como labores auxiliares en la administración local o en fines sociales con alguna de las 8.100 ONG que colaboran con la administración penitenciaria. Los TBC en muchos casos fueron acompañados de la obligación de someterse a programas terapéuticos de reinserción.

“CAMBIO RADICAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO”

Instituciones Penitenciarios ha destacado que, ante el Consejo de Europa, la adjunta a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, Laura Negredo, ha defendido el “cambio radical del sistema penitenciario, un gran desconocido dentro de la Unión Europea”.

A juicio de Negredo, “el vuelco en las cifras se debe a las sucesivas reformas del Código Penal y, en especial, a la introducción de la suspensión de la condena supeditada a la realización de esos tratamientos”.

En concreto, 3.438 penados se sometieron al PRIA-MA, el programa contra los delitos de violencia de género; 749 finalizaron el PROBECO para la reeducación y sensibilización en valores sociales; 677 penados por delitos contra la seguridad vial realizaron el PROSEVAL; 1442 penados recibieron tratamiento contra drogodependencia y 170 realizaron el programa 'Cuenta Conmigo' contra el abuso de substancias toxicas; 170 penados más participaron el programa contra agresiones sexuales y 129, en el referido a la violencia familiar.

Existen otro programas, todos desarrollados por equipos multidisciplinares con la participación de entidades no gubernamentales, destinados a penados por abusos de menores en la red, el programa Integra para personas con discapacidad, el Puente Extendido para aquellos penados con trastornos mentales y el FEMA, dirigido a la inserción laboral de los penados.

Prisiones destaca el puesto en marcha hace dos años para la Justicia Restaurativa. Se trata de un tratamiento de diez sesiones enfocado a la asunción de responsabilidades y reparación del daño causado, a través del encuentro entre victimarios y víctimas directas o indirectas.