Registran residencias de cercanos a Bolsonaro por protestas antidemocracia

La Policía Federal de Brasil cumplió este martes 21 órdenes de registro e incautación de posibles pruebas en las residencias de cinco allegados del presidente, Jair Bolsonaro, acusados de haber financiado manifestaciones antidemocráticas en los últimos días, informaron fuentes oficiales.

Entre las residencias y oficinas que fueron registradas destacan las del empresario Luis Felipe Belmonte, uno de los fundadores del partido Alianza por Brasil, la nueva formación en al que el líder ultraderechista quiere reunir a sus seguidores, y el publicista Sergio Lima, responsable por la propaganda partidaria de la misma.

Igualmente fueron blanco de la operación el diputado Daniel Silveira, parlamentario del Partido Social Liberal (PSL, la formación a la que estaba afiliado Bolsonaro) y el bloguero Allan dos Santos, un reconocido activista en las redes sociales afín al jefe de Estado.

Los allanamientos en seis diferentes estados de Brasil, incluyendo Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, fueron realizados un día después de que la Policía Federal arrestara a seis militantes de movimientos radicales “bolsonaristas” acusados de haber liderado los actos considerados antidemocráticos.

La Policía Federal informó en un comunicado que los registros fueron ordenados por el magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal, a petición de la Fiscalía General de la República en una investigación por posibles crímenes contra la Ley de Seguridad Nacional por “actos contra el régimen democrático de varios ciudadanos, incluyendo parlamentarios”.

Según la Policía Federal, el objetivo de la operación de este martes es reunir pruebas que permitan identificar el “origen de los recursos y la estructura de financiación de los grupos sospechosos de la práctica de actos contra la democracia”.

En las manifestaciones que originaron la investigación, a algunas de las cuales acudió el propio jefe de Estado en Brasilia, los militantes de movimientos radicales defienden mensajes antidemocráticos como el cierre del Congreso y de la Corte Suprema, así como a favor de una “intervención militar”.

El líder ultraderechista ha criticado tímidamente a los militantes que insisten en llevar letreros y entonar cánticos antidemocráticos en medio de manifestantes de sus seguidores y asegura que se trata de minorías.

El lunes la Policía arrestó a seis militantes acusados de liderar estas manifestaciones, entre ellos Sara Winter, una conocida militante “bolsonarista” que lidera el grupo “300 de Brasil”, que mantuvo durante algunas semanas un campamento en la Plaza de los Tres Poderes, la plazoleta que separa en Brasilia las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

La militante admitió que algunos de los miembros del campamento estaban armados y que defienden una “intervención” de los militares en Brasil para permitir que Bolsonaro pueda gobernar sin las amarras del Congreso y la Justicia.

El pasado sábado, después de que la Policías desmontara el campamento, unos 20 militantes llegaron a invadir una de las terrazas del Congreso y dispararon fuegos de artificio contra la sede del Supremo Tribunal Federal.

Después de que se les impidiera hacer manifestaciones frente a la Presidencia, el pequeño grupo de simpatizantes del jefe de Estado en Brasilia acudió el domingo a una protesta frente a la sede del Comando del Ejército con pancartas como “SOS Fuerzas Armadas” e “Intervención militar con Bolsonaro en el poder”.

Esta vez el capitán de la reserva del Ejército no compareció, pero sí lo hizo el ministro de Educación, Abraham Weintraub, investigado en el Supremo por la difusión de noticias falsas en Internet y por racismo contra el pueblo chino.

Bolsonaro, cuyo Gobierno tiene un marcado acento militar y es un nostálgico de la última dictadura militar (1964-1985), mantiene un pulso con los poderes legislativo y judicial, que han suspendido o matizado algunas de sus más polémicas medidas, como la liberación de armas a la población civil.

El mandatario recordó el viernes en una nota oficial que las Fuerzas Armadas están bajo “su autoridad suprema”, según dicta la Constitución, y que éstas “no cumplen órdenes absurdas”, como “la toma del poder”, ni tampoco aceptan “tentativas” por parte de otros poderes basadas en “juicios políticos”.

La declaración se produjo poco después de que un juez del Supremo delimitase en una sentencia las funciones de los militares.