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La resolución en el caso de corrupción que salpica a Correa se sabrá el martes

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

EFE

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La audiencia por el caso de presunta corrupción en el que está acusado el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) se reinstalará el próximo martes en tres salas de Quito y una en Guayaquil vía telemática con el fin de que los jueces den a conocer su resolución.

Así lo informó la Procuraduría General del Estado en un comunicado en el que precisa que "la lectura de la resolución se dará a conocer por los jueces Iván León (ponente), Iván Saquicela y Marco Rodríguez".

El caso "Sobornos 2012-2016", cuyo principal acusado es el expresidente Correa, tendrá su resolución en la Corte Provincial de Justicia del Guayas por vía telemática, dada la situación de emergencia que vive el país por la propagación del coronavirus.

"Para esta diligencia, los sujetos procesales deberán acogerse a las medidas de bioseguridad debido a la pandemia de la COVID-19 que afecta al país. Para ingresar a los edificios, el personal del departamento de salud y administrativo realizará controles de temperatura a los asistentes, quienes deberán estar con mascarillas, guantes y se les proveerá de gel antibacterial", precisa el comunicado.

El caso, que juzga una supuesta red de corrupción montada durante el Gobierno de Correa, concluyó su etapa de audiencias el 6 de marzo, tras 13 días discontinuos de diligencias.

A partir de esa fecha los magistrados analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, así como los argumentos de la defensa de los 21 acusados de haber cometido el presunto delito de cohecho en la financiación del movimiento Alianza País mientras estuvo bajo el mando de Correa.

En las audiencias a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: "Todo estaba organizado desde arriba", dijo.

Además de la pena máxima de cárcel prescritas en la ley, Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica que ascendería a 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se entregaron dentro de esta trama de corrupción.

A la lectura de la sentencia deberán acudir representantes de la Procuraduría General del Estado, entidad que participa como acusación particular.

La defensa de los acusados en Guayaquil podrá presentarse por videoconferencia debido al nivel de propagación del virus en esa ciudad.

Por las circunstancias que vive el país se limitará el número de personas en las salas a menos de 15 en cada una.

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Publicado el
3 de abril de 2020 - 03:20 h

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