Se retoma el juicio de la EMVS, en el que declara Ana Botella el miércoles

Madrid, 14 nov (EFE).- El juicio por la enajenación de 1.860 viviendas de protección pública (VPP) en 2013 al fondo de inversión Fidere se reanuda este lunes y se prolongará durante el resto de la semana con la declaración como testigos de más cargos intermedios de la EMVS y de la exalcaldesa Ana Botella, que lo hará el miércoles 17.

La Audiencia Provincial acoge desde el miércoles 3 el juicio de este caso, por el que están procesados el ex consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, el fondo que resultó adjudicatario de las viviendas, Alfonso Benavides, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y para los que la acusación particular pide 8 años de cárcel e inhabilitación, aunque la Fiscalía pide en cambio su absolución.

La declaración en calidad de testigo de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, que autorizó la operación junto a seis concejales de su equipo de Gobierno en junio de 2013, se debería haber producido el pasado viernes, pero finalmente la Sala decidió posponerla al próximo miércoles.

Asimismo, también comparecerán como testigos ante el tribunal los exconcejales Paz González (Urbanismo) y Pedro del Corral (Las Artes), así como la sucesora de Oslé al frente de la EMVS durante el Gobierno de Manuela Carmena, María Serrano.

FONDOS DE INVERSIÓN, LOS INTERMEDIARIOS Y CARGOS DE LA EMVS COINCIDEN EN QUE LA VENTA FUE LEGAL

De acuerdo con sus declaraciones ante el tribunal, tanto el exconsejero delegado, Fermín Oslé, el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides, así como los representantes de los fondos de inversión, los intermediarios y varios antiguos cargos de la EMVS han coincidido en que la operación de venta fue conforme a derecho.

Oslé declaró el pasado 3 de noviembre que la enajenación era “imprescindible” por la situación económica por la que pasaba la entidad pública en aquel momento y que, de no haberla llevado a cabo, la empresa hubiera tenido que ser liquidada por obligación de la Intervención General del Estado.

Benavides, por su parte, apuntó que, pese haber firmado la operación de compra-venta en calidad de presentante de Fidere, su papel fue de “asesoramiento”, al tiempo que afirmó que desconocía las circunstancias concretas en las que se desarrolló la adjudicación de las viviendas.

En la misma línea se pronunciaron todos los representantes del resto de fondos de inversión que concurrieron al proceso (Azora, Harbor, Goldman Sachs y Lone Star), así como de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), que elaboró un plan de viabilidad donde se validaba la operación: todos ellos declararon que el proceso fue “público” y que “no vieron nada raro”.

Los cargos intermedios de la EMVS que ocupaban sus responsabilidades en aquel momento, como la ex directora de Promoción, Mercedes Jack Páramo, o la directora de Administración y Finanzas de la EMVS, Dolores Rodríguez Olmo (entre otros), también alegaron que la operación era “necesaria”, “legal”, y que “en ningún momento se buscó perjudicar a los inquilinos”.

LA EMVS ENCARGÓ UN INFORME A PwC PARA AVALAR EL PROCESO

En octubre de 2012, la EMVS abrió un concurso para buscar empresas intermediarias que ayudaran a encontrar posibles compradores de las 1.860 viviendas y resultaron adjudicatarias cinco: Ferrocarril, Brunch, Domo, Creaciona, BNP Paribas e Itaca.

Al mismo tiempo, para avalar el procedimiento de enajenación, la EMVS encargó a la consultora Price Waterhouse Cooper (PwC) un informe de viabilidad, finalizado en abril de 2013, que fijó una horquilla del precio de venta de entre 117 y 135 millones de euros.

En febrero de 2013, Itaca informó a la EMVS de que el fondo de inversión Blackstone (a través de su filial Fidere) estaba interesado en las viviendas, meses antes de la publicación del anuncio oficial, que se produjo el 3 de mayo.

Por ello, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid señaló en un informe en 2016 que el proceso “no respetó los principios de publicidad y concurrencia”.

De esta forma, optaron a la adjudicación cinco fondos de inversión inmobiliaria (Fidere, Azora, Harbor, Goldman Sachs y Lone Star), cuyas ofertas estaban dentro del rango establecido por el informe de PwC, aunque finalmente fue Fidere quien se quedó con las viviendas por un valor de 128 millones de euros (22,7 millones por debajo de su precio contable, cifrado en 159 millones), a pesar de no haber presentado la oferta más alta, la del Grupo Harbour (135 millones).

Además de la diferencia entre precio de venta y el precio contable de las viviendas, la operación produjo un cambio en las condiciones de los contratos de alquiler de los arrendatarios, cuya cuota mensual subió alrededor de un 43 %, según datos de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS.

BOTELLA Y SU GOBIERNO, CONDENADOS Y EXONERADOS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella presidió en junio de 2013 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que dio el visto bueno al informe de viabilidad de PwC, que contenía la operación.

En diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó tanto a Botella como a seis concejales de su equipo presentes en esa reunión a abonar los 22,7 millones de euros que se restaron al patrimonio público tras la autorización de la enajenación de las 1.860 viviendas, algo que se produjo de forma “ilegal, sin concurrencia ni publicidad y por debajo de su valor de mercado”.

Entre los miembros del Gobierno municipal condenados se encontraba también Concepción Dancausa, vicealcaldesa durante el mandato de Botella y actual consejera de Familia, Juventud y Política Social del Gobierno regional.

Asimismo, también fueron obligados a abonar el dinero los ex ediles populares Paz González (Urbanismo), Dolores Navarro (Servicios Sociales), José Enrique Núñez Guijarro (Seguridad y Emergencias), Diego Sanjuanbenito (Medioambiente) y Pedro del Corral (Las Artes), así como al entonces gerente de la EMVS, Fermín Oslé.

Sin embargo, el 17 de julio de 2019 el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que condenaba a Botella y a los miembros de su equipo que autorizaron la operación, absolución que fue confirmada el 11 de junio de 2020 por el Tribunal Supremo.