Una reunión de opositores muta en una protesta por el asedio policial en Nicaragua

Una reunión de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco en Nicaragua se transformó este jueves en una protesta contra el presidente Daniel Ortega, debido al asedio policial, en tiempos en que el país pasa por una profunda crisis sociopolítica.

Cientos de opositores se encontraban reunidos en un hotel cerca del centro de Managua, cuando la Policía Nacional cercó el lugar con agentes antimotines y fuerzas especiales, lo que desató la protesta.

Los opositores, conocidos originalmente como “autoconvocados” porque sus reclamos no siguen liderazgos, se plantaron en el estacionamiento del hotel para mostrar su rechazo al Gobierno de Ortega, al que llaman “dictador”.

“¡Democracia sí, dictadura no!”, gritaron algunos manifestantes. “¡Libertad para los presos políticos!”, reclamaban algunos, “¡Las madres no se rinden, exigen justicia!”, proclamaban otros.

También hubo quienes lanzaron el cántico “¡Hay que estudiar, hay que estudiar, para no ser policía nacional”.

La Policía Nacional, que no ofrece una carrera profesional, es identificada por la oposición como el principal “brazo represivo” del Gobierno nicaragüense.

Desde hace un año la Policía de Nicaragua prohíbe manifestaciones de rechazo a Ortega, una medida criticada por los juristas porque contradice la Constitución.

El ambiente, que ya era tenso, empeoró cuando los “autoconvocados” se acercaron a la valla policial con banderas de Nicaragua, lo que es considerado motivo de cárcel por el Gobierno.

Pese a la tensión, no se registraron casos de violencia.

Los miembros de la Unidad se habían reunido con el objetivo de dar a conocer su propuesta de una “Nicaragua post-Ortega”, que consiste en establecer los ejes de desarrollo del país una vez que el presidente abandone el cargo, que obtuvo en 2007 y que se niega a dejar.

Los opositores señalan que creen que una vez que Ortega renuncie a la Presidencia, lo cual esperan sea antes de 2021, se restablecerá la democracia en Nicaragua, se hará justicia a favor de las víctimas de la crisis, habrá crecimiento económico con equidad social y un desarrollo humano sostenible.

De momento la crisis sociopolítica ha dejado 328 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), frente a los 595 que cuentan organismos locales y 200 que admite el Gobierno.