El juez revisará en octubre la prisión de Granados por la Púnica al cumplir 2 años

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, revisará en una vista el próximo 5 de octubre la prisión provisional del exconsejero madrileño del PP Francisco Granados, que cumplirá entonces dos años desde su ingreso en la cárcel de Estremera (Madrid).

Según han informado fuentes jurídicas, en la vista la Fiscalía Anticorrupción y el abogado de Granados expondrán sus argumentos para prorrogar o no la prisión provisional del exmandatario del PP, que se podría alargar hasta cuatro años si todavía existiera riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de influir sobre testigos.

El pasado julio, la Audiencia Nacional negó la libertad al exconsejero en vista de que, como cabecilla de la trama Púnica, se valió de sus cargos para crear una “cadena de deleznable de favores” dedicada a obtener “cuantiosos beneficios”, fomentando así “detestables actitudes corruptas”.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal confirmó entonces la decisión de Velasco de denegar su salida de prisión, donde permanece desde que fue detenido el 30 de octubre de 2014, al entender que existía riesgo de que destruyera pruebas, influyera en testigos o se fugara gracias al “patrimonio oculto” que sospecha que posee.

La sala recordaba en ese escrito que contra Granados hay “graves indicios” de que cometió delitos de integración en organización criminal, fiscales, blanqueo, falsificación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación por su papel en la trama de corrupción Púnica, que conllevan penas muy elevadas.

Estos “serios indicios” de criminalidad apuntan a que Granados, decían los jueces, “durante muchos años se ha valido de los diversos cargos públicos que ha ostentado en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid para crear una cadena deleznable de favores y conductas impropias de un buen gestor público”.

Todo ello a favor de una trama “presuntamente dedicada a mover voluntades con fines de obtención de cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria calificación de terrenos”.

El dinero que obtenía la red Púnica, agregaba la sección, se trasladaba luego a paraísos fiscales, lo que perjudicaba al erario público y fomentaba “detestables actitudes corruptas en el ámbito empresarial público y privado”.

Esta actividad ilegal generó a Granados “cuantiosos beneficios”, gran parte de los cuales el juez tiene localizados, pero aún se está buscando la parte restante, por lo que “no es descartable que posea un patrimonio oculto, tanto en nuestro país como fuera de él”.

De ponerle en libertad, indicaban los magistrados, Granados podría usar ese dinero para fugarse, máximo si se tiene en cuenta que “se ha acreditado su capacidad para mover o comprar voluntades”.