El juicio a Ríos Montt, un termómetro para la Justicia guatemalteca

El juicio por genocidio y crímenes de guerra contra el general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt “es un termómetro” que servirá para medir los avances de la Justicia en Guatemala, dijo hoy la fiscal general, Claudia Paz y Paz.

“Este juicio es un termómetro del avance y el fortalecimiento del sistema de justicia, del Estado de derecho, de hasta dónde nos va a marcar, hasta dónde nos hemos constituido como una sociedad democrática”, declaró Paz y Paz en una entrevista con Efe.

Para la democracia de este país centroamericano, que vivió una cruenta guerra interna entre 1960 y 1996 que causó más de 200.000 muertos, “es importante que si se perpetraron estos hechos tan graves, estos sean juzgados y los responsables sancionados”, afirmó la fiscal general.

Paz y Paz, de 46 años, es la primera mujer en ser elegida fiscal general de Guatemala y también la primera en investigar el supuesto genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante la guerra contra la población civil.

Su “valentía”, que ella prefiere llamar “responsabilidad”, hizo que en agosto de 2012 fuera incluida en la lista de las mujeres más poderosas que están cambiando el mundo en política por la revista estadounidense Forbes.

La semana pasada, también Newsweek la incluyó en una lista de las 125 mujeres de impacto en el mundo, y señaló que su trabajo “podría ser el más peligroso de Centroamérica”.

Los verdaderamente “valientes”, declaró la fiscal a Efe, “son los hombres y mujeres” que integran su equipo de trabajo y quienes están más expuestos a los peligros que conlleva perseguir a los criminales en uno de los países más violentos y peligrosos de América Latina.

Aunque reconoció que “siempre” evalúa “qué puede ocurrir” como consecuencia de su trabajo, Paz y Paz dijo que tiene claro que “hay cosas que se deben hacer y hay que hacerlas”.

En Guatemala tan peligroso puede ser procesar a los antiguos militares responsables de la represión política, como perseguir a los grupos de narcotraficantes y del crimen organizado.

“No nos podemos detener. Hay que investigarlos para que no les pase a otros” lo que les ocurrió a las víctimas de sus crímenes, destacó la fiscal.

Aunque el juicio a Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, el también general retirado José Rodríguez, ha arrojado pistas y evidencias de la posible participación de otros militares en las matanzas de indígenas, incluido el actual presidente del país, el general retirado Otto Pérez Molina, la fiscal dijo que de momento lo que le interesa es que los procesados sean condenados.

“La investigación ahora está en contra de estas personas (Ríos Montt y Rodríguez), el Ministerio Público está enfocado en demostrar que estas personas son los responsables de los delitos de genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. Qué puede pasar a futuro es algo que no puedo predecir”, señaló.

En todo caso, será el tribunal donde se celebra el juicio el que, de considerarlo oportuno, ordene a la Fiscalía, en su fallo final, investigar con fines procesales a las personas que puedan ser implicadas como presuntos responsables.

Claudia Paz y Paz también desmiente que la Fiscalía sea presionada por grupos políticos y diplomáticos locales o internacionales para procesar a los militares, como aseguran los defensores y simpatizantes de éstos.

“Que si hay presiones para la Fiscalía, para que investigue o deje de investigar estos hechos, definitivamente no”, respondió.

Lo que sí existe, reconoce, es un amplio interés de la comunidad internacional para que sean juzgados los crímenes cometidos contra la población durante la guerra.

“Comprendo que los ojos del mundo estén puestos en Guatemala, porque todos (los países) se pusieron de acuerdo para decir 'no más genocidio', y todos nos comprometemos a prevenir estos hechos, y si ocurren a sancionarlos. Por eso entiendo el interés de la comunidad internacional”, subrayó.

Aunque el juicio a Ríos Montt y Rodríguez haya sido hasta ahora el más mediático y paradigmático, no es el primero ni el último que la Justicia guatemalteca habrá de conocer por los crímenes ocurridos durante la guerra, dice esta doctora “cum laude” en Derechos Humanos y Derecho Penal por la Universidad de Salamanca.

“Quien haya cometido un crimen tiene que ser investigado y sancionado. Todos los casos deben de ser investigados, esa es nuestra prioridad. No importa quienes hayan sido los responsables”, sentenció.