Ron quiere que el juez cite al directivo de Popular que compartió con Saracho

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron quiere que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la caída de la entidad cite como testigo al director de comunicación que estuvo al frente del banco tanto en la época de Ron como en la de su sucesor, Emilio Saracho.

De esa forma, Carlos Balado, el que fuera máximo responsable de la comunicación del Banco Popular en los últimos años de la entidad, podría explicar cómo las “noticias negativas” y las filtraciones afectaron a la salud de la entidad, en el marco de la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores.

En el escrito al que ha tenido acceso Efe, Ron pide la comparecencia de Balado a fin de “profundizar en la repercusión” que tuvo la publicación de la supuesta venta del banco por su inminente riesgo de quiebra, en mayo de 2017, un mes antes de su resolución.

El documento recoge la carta que ya en diciembre de 2016 envió Balado al entonces secretario del Consejo de Administración del Popular, Francisco Aparicio, en la que alertaba de situaciones “fuera de control generadas por consejeros del banco, en contra de los intereses de la entidad y de la política de comunicación”.

“Las fugas de información (...) cuando proceden de los consejeros, perjudican la imagen de la entidad, sitúan a los demás medios en contra del banco, distorsionan gravemente los hechos y dañan la reputación de la entidad, de sus profesionales y, sobre todo, de quienes trabajamos en esta área”, reprochaba Balado.

La defensa de Ron, ejercida por los letrados del Bufete Choclán José Antonio Choclán y Javier Velasco, aportan además las declaraciones que el exdirector de comunicación del Popular hizo en la vista por la indemnización y la prejubilación del banquero.

Como testigo, Balado admitió haberse sorprendido cuando un “taxativo” Saracho, en un encuentro con periodistas meses antes de la resolución del banco, dijo que el Popular “no valía nada, que la acción valía cero y que por lo tanto los accionistas tenían que saber que eran las reglas del mercado, tenían que saber que lo perdían todo”.

Una información que era “contradictoria” con lo que presentó un mes más tarde el equipo gestor a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “indicando que el valor del banco, el valor patrimonial era de 11.000 millones de euros”.

A tenor del escrito, remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Saracho contribuyó “al pánico bancario acaecido entre marzo y junio de 2017”, que precipitó “la salida de depósitos y caída de la acción”.

Durante su comparecencia en la vía civil, Balado afirmó que el discurso del último presidente del Popular fue “completamente ambiguo, inconcreto (...) había mucho interés por saber qué quería hacer, qué solución le iba a dar. Mi propuesta había sido otra, esa propuesta se rechaza e incluso en ese discurso se dejó una frase que se elimina, que es que si el banco no encontraba comprador o no ampliaba capital, sería un banco 'zombie'”.

“El tono en el que se responde, las afirmaciones que se hacen allí, vuelven a generar más dudas que certezas, es decir, que se transmite la imagen de desconfianza hacia el banco por parte del propio presidente de la entidad”, apuntó antes de apostillar: “No he visto jamás a ningún presidente que hable mal de su propia entidad”.

También se refirió a la “noticia falsa” del 11 de mayo de 2017 que ponía en duda la solvencia del banco y anunciaba la quiebra inminente del Popular, una información que partió “del presidente del banco”, según trasladaron al propio Balado.

La defensa de Ron remite a la declaración el pasado 11 de marzo del que fuera gobernador del Banco de España Luis María Linde, que afirmó que la resolución del Popular se debió “única y exclusivamente a una crisis aguda de liquidez a partir del primer trimestre de 2017”.

Una “crisis” que para los letrados del banquero sólo puede ser “imputable objetivamente a aquella inaudita política de comunicación de la que advirtió el señor Balado”, motivo por el que reiteran la necesidad de practicar dicha testifical.

Debido a la pandemia del coronavirus, actualmente se encuentran suspendidas las declaraciones del caso, que comenzó en octubre de 2017, con la admisión a trámite de varias querellas contra Ron y Saracho, sus respectivos consejos, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

Entre las testificales suspendidas se encuentran la del exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, y la del presidente de la CNMV, Sebastián Albella.