El giro del Gobierno con la venta de armas a Arabia Saudí: de suspender los contratos en 2018 a multiplicarlos por 30 en 2019

Las buenas intenciones que mostró Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa sobre limitar las exportaciones de armamento a regímenes que vulneran los derechos humanos duraron pocos meses. En verano de 2018, el Gobierno congeló de facto las exportaciones de armamento a Arabia Saudí y no autorizó ni un solo contrato de venta a este país durante el resto del año. Los datos de exportaciones de 2019, sin embargo, muestran como tras ese primer semestre el Ejecutivo multiplicó por 30 las autorizaciones para exportar a Riad: de los 13,2 millones autorizados en 2018 -todos durante el primer semestre, cuando el PSOE aún no estaba al frente del Ejecutivo- se pasó a más de 392 millones en 2019.

Así se muestra en las estadísticas españolas de exportación de material de defensa de los últimos dos años, que presentará este lunes por la tarde en el Congreso la secretaria de estado de comercio, Xiana Margarida Méndez. La documentación indica que entre 2018 y 2019 las autorizaciones de exportaciones de armas españolas a todo el mundo alcanzaron una cifra récord: 21.825 millones de euros. Las exportaciones realizadas en este periodo alcanzaron un valor de 7.880 millones, siendo 2019 el tercer año con más exportaciones de la historia.

La decisión del Gobierno de no autorizar nuevas exportaciones a Arabia Saudí se enmarcó en una tendencia que lideró Alemania tras el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Kashoggi, en el consulado saudí de Estambul (Turquía) en marzo de 2018. Durante ese año se siguió exportando armamento a ese régimen desde España, pero porque correspondía a contratos anteriores autorizados por el gabinete de Mariano Rajoy.

En octubre de 2018, Sánchez compareció en el Congreso para justificar la venta de 400 bombas de guiado láser a Arabia Saudí frente a las fuerzas y organizaciones que le pedían que se sumara al embargo anunciado por Alemania. El presidente defendió entonces que lo hacía para cumplir con un contrato firmado en 2015 cuando el PP estaba en el Gobierno y apeló a la obligación de velar por la seguridad jurídica.

En el turno de réplica, Sánchez se desmarcó del régimen de Riad. “El Gobierno no ha vendido armas a Arabia Saudí, no hay nada pendiente, en trámite, ni firmado”, aseguró, aunque posteriormente desde el Ejecutivo se aclaró que se refería a ventas directas de material del Ministerio de Defensa y no a las operaciones comerciales de empresas privadas, que suelen suponer más del 90% de las ventas de armamento.

Los datos que se presentarán este lunes en el Congreso, analizados por la campaña Armas bajo control, muestran que la suspensión duró apenas unos meses. En 2019, el Ejecutivo autorizó 22 licencias para exportar armas a Riad por valor de 392,78 millones, divididos en 76,2 millones en munición, 1,3 millones en bombas y 315 millones en aeronaves. El 97% de estos contratos fueron para las Fuerzas Armadas saudíes y el resto para empresas privadas.

Sí que se desplomaron en 2019 las exportaciones que acabaron llegando al régimen saudí, debido a que el año anterior el Gobierno había congelado nuevas autorizaciones. España pasó de ser el sexto vendedor (235,3 millones) al decimoquinto en 2019 (35,4 millones), una tendencia que se revertirá en 2020 tras los nuevos contratos que se autorizaron el año pasado.

Arabia Saudí encabeza la coalición internacional -formada también por Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, Egipto y Jordania- que interviene en Yemen desde 2015. Diversas organizaciones humanitarias han acusado a esta coalición de llevar a cabo bombardeos indiscriminados sobre la población civil y de violar los derechos humanos reiteradamente desde que se inició el conflicto.

Una investigación de eldiario.es de noviembre de 2019 probó como aviones de fabricación española o con componentes españoles se utilizan para bombardear Yemen o para reabastecer en el aire a aeronaves que después tiran bombas sobre el territorio.

La posición común de la Unión Europea, el Tratado sobre el Comercio de Armas y la ley española 53/2007 establecen que no se debe autorizar la venta de armas a otros regímenes que cometan atrocidades. Sin embargo, las reuniones en las que se toma la decisión sobre si se permite o no exportar, en la que participan representantes de varios ministerios, son secretas y sus actas inaccesibles para la ciudadanía.

El Ejecutivo apuesta por un mayor control

El Ejecutivo ha mostrado su intención de mejorar el control de las exportaciones de armamento español para evitar que se acaben utilizando para vulnerar derechos humanos o fuera del país de destino. El pasado 28 de abril se aprobó un Real Decreto que supone la adopción de un protocolo de verificación para poder controlar mejor el uso y destino de las armas españolas, aunque según el texto este protocolo de verificación no será obligatorio.

Las organizaciones internacionales de control de armamento consideran la medida del Gobierno como un paso positivo, pero señalan que todavía queda mucho margen de mejora e insisten en la necesidad de transparencia del JIMDDU, el organismo interministerial que autoriza las exportaciones cuyo secreto se ampara en la ley de secretos oficiales aprobada en 1968.

A pesar de las autorizaciones a Arabia Saudí descritas en este artículo, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa el Ejecutivo sí ha rechazado autorizar algunos contratos para vender armamento e incluso llegó a cancelar algunos que ya habían sido autorizados debido a los riesgos de que se utilizaran contra la normativa internacional.

A finales de 2018 se denegó un acuerdo previo de exportación a la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes de 16.000 cuerpos de bombas de aviación (por valor de 176,7 millones) y en octubre de 2019 se denegaron nuevas licencias de exportación a Turquía porque el material era susceptible de acabar siendo utilizado en Siria.

En 2019 también se denegaron exportaciones de grilletes a Israel y de granadas lacrimógenas a Tailandia. El Ejecutivo de Sánchez también rechazó ampliar una licencia de exportación de repuestos y partes de carros de combate para el Gobierno de Venezuela que había sido autorizada por el Ejecutivo de Rajoy durante el primer semestre de 2018.

El Gobierno también vetó la exportación a Nicaragua de 600.000 cartuchos de escopeta unos meses antes de que eldiario.es revelara que el régimen de Daniel Ortega utilizó este tipo de munición de una empresa española para reprimir las protestas estudiantiles de 2018.